La diputada Nubia Iris Castillo Medina señaló la necesidad de ajustar el marco jurídico mexicano en materia climática, luego de su participación en la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Belém, Brasil. La legisladora del PAN presentó un balance del encuentro en un documento difundido en la Gaceta Parlamentaria, en el que destacó los temas que marcaron la reunión internacional, así como los retos que enfrenta México para cumplir sus compromisos.
La COP30 centró su agenda en el cierre del ciclo de revisión del Balance Global, la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, los avances en financiamiento climático y la consolidación del mecanismo de pérdidas y daños. Para la diputada, la sede amazónica otorgó al encuentro un matiz estratégico por el papel de la región en la regulación climática, la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad.
Castillo Medina apuntó que la conferencia permitió identificar áreas donde México puede armonizar sus marcos normativos, impulsar la acción climática a nivel local y reforzar sus políticas de adaptación. “La COP30 confirmó la necesidad de fortalecer capacidades legislativas para evaluar, supervisar y apoyar la implementación de compromisos climáticos nacionales e internacionales”, expresó.
La diputada subrayó que México debe actualizar la Ley General de Cambio Climático para alinearla con los compromisos asumidos en la Actualización NDC 3.0, que establece metas como la conservación del 30 por ciento del territorio nacional para 2030. Afirmó que esta reforma permitiría establecer obligaciones claras para dependencias federales y gobiernos subnacionales en materia de conservación, financiamiento climático y evaluación de resultados.
También resaltó la importancia de contar con un marco jurídico sólido para el financiamiento climático, vinculado a instrumentos como el Fondo para el Medioambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Consideró que fortalecer estos mecanismos permitiría mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad presupuestaria vinculada a recursos internacionales.
Otro de los puntos planteados por Castillo Medina fue el impulso legal a la adaptación basada en ecosistemas, un enfoque que, señaló, puede incorporarse en legislaciones ambientales, rurales, costeras, hídricas y de protección civil. Mencionó la experiencia del proyecto Acción en la Península de Yucatán como un ejemplo que ayudaría a evolucionar de intervenciones aisladas hacia una política nacional formal de adaptación ecosistémica.
La legisladora insistió en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las Áreas Naturales Protegidas. Sostuvo que el Congreso puede reforzar el marco regulatorio en presupuesto, vigilancia y manejo comunitario, lo que permitiría asegurar el cumplimiento de las metas asociadas al objetivo MEx30x30 y cerrar la brecha financiera de largo plazo para el manejo efectivo de territorios bajo conservación.
Con miras a fortalecer la continuidad institucional, la diputada propuso que la Cámara de Diputados establezca una agenda parlamentaria permanente que articule los temas de cambio climático, biodiversidad, financiamiento, justicia climática y adaptación territorial, con evaluaciones anuales sobre el avance de la NDC 3.0 y los compromisos de conservación.
Tras su intercambio con representantes de gobiernos, organismos internacionales, academia, sector privado y sociedad civil, Castillo Medina expuso que la experiencia permitió comprender con mayor alcance los desafíos que enfrentan los países en desarrollo y las oportunidades que brinda la cooperación internacional para construir capacidades climáticas más sólidas. Destacó además que el enfoque multinivel y la participación comunitaria resultan esenciales para impulsar acciones climáticas efectivas con sentido social.
Al cerrar su informe, afirmó que los conocimientos derivados de la COP30 serán una herramienta para fortalecer el análisis, la formulación de iniciativas y el seguimiento a las políticas públicas ambientales. Añadió que estos insumos contribuirán a consolidar un marco legislativo que impulse sostenibilidad, resiliencia y desarrollo responsable.
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