El diputado Francisco Javier Farías Bailón, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca obligar a las empresas aseguradoras a cubrir los gastos de transporte de sus asegurados cuando un vehículo siniestrado tarde más de 120 días naturales en ser reparado o sustituido. La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea agregar un artículo 144 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro para fortalecer la protección de los usuarios y garantizar su derecho a la movilidad.
En su planteamiento, el legislador expone que actualmente la normativa no establece plazos límite ni mecanismos de compensación cuando la reparación se alarga de manera considerable, situación que afecta la vida laboral, económica y cotidiana de miles de personas. Señala que la ausencia de reglas claras debilita la responsabilidad de las aseguradoras frente a retrasos injustificados y limita las herramientas con las que cuentan los asegurados para exigir un cumplimiento eficiente del contrato.
Farías Bailón subraya que, para muchas familias, el automóvil representa una herramienta esencial de trabajo y movilidad, por lo que consideran injusto enfrentar meses sin vehículo ni apoyo para trasladarse tras un accidente. De acuerdo con cifras de la Condusef, en 2022 casi la mitad de las quejas contra aseguradoras correspondieron a daños en automóviles, con tres mil 972 reportes relacionados con retrasos en las reparaciones. En el primer mes de 2023 se registraron 753 quejas por motivos similares, un reflejo de la escasez de autopartes y de tiempos de entrega que se han extendido de días a varios meses.
El diputado sostiene que su iniciativa no solo protege el patrimonio de los asegurados, sino que fortalece la función social del seguro al atender los efectos indirectos derivados de la falta de movilidad. Considera que la obligación de cubrir transporte alternativo incentivaría a las aseguradoras a operar con mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad, equilibrando la relación entre empresas y consumidores.
La propuesta, afirma, es congruente con los principios constitucionales que garantizan la movilidad, la protección al consumidor, la buena fe contractual y el enfoque pro persona. Además, ofrece certidumbre y disminuye el impacto económico y social de los retrasos, al tiempo que impulsa mejores prácticas en la entrega de vehículos y en los procesos de reparación, fortaleciendo la competitividad del sector y la confianza de los usuarios en el servicio asegurador.
eitmedia.mx
