El caso del reportero policiaco Rafael “N” dio un giro relevante luego de que la autoridad judicial determinó retirar el delito de terrorismo del expediente, al no encontrar sustento para mantener esa imputación. Sin embargo, el proceso penal continuará por los señalamientos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, lo que mantendrá al comunicador bajo prisión domiciliaria durante un año mientras avanzan las indagatorias.
La audiencia celebrada en Coatzacoalcos confirmó la eliminación del cargo más grave. En Xalapa, la fiscal general del estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que el señalamiento por terrorismo no procedió, pero las otras líneas de investigación permanecen firmes. La funcionaria señaló que el juez dictó la vinculación a proceso con base en los elementos presentados, y que la medida cautelar de resguardo domiciliario permitirá que las diligencias se desarrollen dentro de los tiempos establecidos por la ley.
El abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja de la Cruz, adelantó que buscarán promover un amparo. Dijo que el retiro del delito de terrorismo permitió sustituir la prisión preventiva oficiosa por una medida justificada, lo que abrió paso a que el reportero continúe el proceso desde su domicilio. Respecto a si retomará su labor informativa, señaló que será un asunto que se definirá posteriormente.
Fuera de la sala, la familia del comunicador expresó su alivio. Su hijo, Gardiel Josué León Oropeza, afirmó: “Estoy contento porque voy a estar con papá, tiene casi 20 años realizando la actividad del periodismo”. Más tarde detalló que el proceso se extendió durante varias horas. “A final de cuentas estoy feliz porque papá está fuera, pero se tiene que hacer justicia realmente por todo lo que se está inventando desde la fiscalía”, dijo. También pidió que las diligencias se conduzcan conforme a derecho: “Solo pido que se haga justicia, sé que seguirán las investigaciones, pero pido justicia y que dejen de estar inventando cosas”.
Antes de ingresar a la audiencia, el propio Rafael “N” cuestionó la imputación original. “De un teléfono celular de un sujeto me quieren culpar”, declaró al insistir en que la acusación por terrorismo carecía de fundamento.
El caso, que ya había generado preocupación entre organizaciones de defensa de la libertad de expresión, escaló a instancias internacionales después de que Artículo 19 denunciara irregularidades en las pruebas presentadas y advirtiera sobre el riesgo de criminalizar la labor periodística. La agrupación señaló que la imputación original representaba un precedente peligroso para el ejercicio informativo.
En la conferencia matutina federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscalía de Veracruz debía explicar el caso, al subrayar que en el país no se han configurado acusaciones de terrorismo contra periodistas.
Mientras tanto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió que el proceso se mantenga estrictamente apegado a derecho. En Veracruz, organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos también manifestaron su rechazo a las imputaciones.
Familiares, colegas y representantes de organismos de protección acudieron a la audiencia, así como comunicadores que previamente se habían congregado afuera de la Unidad Integral de Justicia para exigir la liberación del reportero y denunciar lo que consideran una persecución en su contra. Entre ellos se hizo hincapié en que Rafael “N” ha trabajado por más de una década en la cobertura de hechos policiacos en la región, actividad que, aseguran, siempre ha realizado de forma abierta y constante.
La resolución judicial deja sin efecto la acusación por terrorismo, pero el expediente continúa avanzando. Rafael “N” regresará a su hogar en Coatzacoalcos, donde permanecerá en resguardo judicial mientras se desarrollan las investigaciones restantes.
Con información de https://oem.com.mx/diariodexalapa
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