La desaparición de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en una de las expresiones más alarmantes de la crisis de seguridad que atraviesa el país. El incremento sostenido de casos, la lentitud en las investigaciones y la falta de coordinación efectiva entre autoridades han profundizado la incertidumbre entre las familias y encendido las alertas sobre una emergencia que sigue creciendo.
En este contexto, la diputada federal del PRI, Socorro Jasso Nieto, presentó un Punto de Acuerdo para exigir una atención integral a esta problemática, con acciones que vayan más allá de respuestas aisladas. La propuesta plantea reforzar el Protocolo Homologado de Búsqueda mediante el uso de tecnologías de geolocalización y la capacitación obligatoria de autoridades locales, con énfasis en adolescentes de entre 10 y 19 años, uno de los sectores más vulnerables.
El exhorto también demanda que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales otorguen prioridad a las investigaciones de desapariciones de menores, incorporando perspectiva de género y de edad, y fortaleciendo la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo planteado es elevar la tasa de localización en al menos 15 por ciento para finales de 2026, en un escenario donde cada hora cuenta.
La iniciativa incluye la implementación de programas preventivos en escuelas, a través de la Secretaría de Educación Pública y autoridades educativas estatales, con contenidos enfocados en riesgos de desaparición y trata de personas. Estas acciones se proponen en coordinación con organizaciones civiles y con recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Además, se subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta temprana y de brindar apoyo psicosocial a las familias de las víctimas, especialmente en entidades consideradas de alto riesgo como Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, donde la incidencia ha generado un clima permanente de temor.
Las cifras dimensionan la gravedad del problema. Al 27 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 118 mil 690 casos históricos de personas de 0 a 17 años, de los cuales 18 mil 275 continúan sin ser localizadas, lo que representa una de cada seis desapariciones en el país. En 2024 se registró un promedio de 29 desapariciones diarias de menores, convirtiéndose en el año con más casos desde 1964, mientras que en 2025 las desapariciones generales aumentaron 12 por ciento, alcanzando 129 mil 535 personas al 23 de junio.
La legisladora advirtió que detrás de estas cifras confluyen factores como la violencia del crimen organizado, la trata de personas, la migración forzada por inseguridad y pobreza, así como la discriminación de género, que golpea con mayor fuerza a niñas y adolescentes. En medio de este panorama, la falta de respuestas contundentes mantiene a miles de familias atrapadas entre la espera, el miedo y la exigencia de que el Estado actúe antes de que la crisis siga cobrando más ausencias.
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