El impacto de la violencia cotidiana no termina con el delito. Para miles de usuarios del sistema financiero, el robo o la extorsión se prolongan cuando, además de perder sus pertenencias, deben pagar a los bancos por la reposición de sus tarjetas. Bajo este escenario, una iniciativa legislativa busca cortar ese cobro que, en medio de la inseguridad, se ha vuelto una carga adicional para las víctimas.
El diputado de Morena, Francisco Adrián Castillo Morales, impulsa una propuesta para prohibir que las instituciones bancarias cobren a los usuarios la reposición del plástico cuando se acredite que fue robado o que su cancelación deriva de un caso de extorsión. La iniciativa plantea adicionar el artículo 8 Ter a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y establece sanciones para las instituciones que incumplan esta disposición.
El legislador sostiene que el marco jurídico debe actualizarse en favor de los usuarios, particularmente cuando la pérdida del plástico no obedece a descuidos, sino a hechos vinculados con la inseguridad. En estos casos, señala, el cobro por reposición resulta injustificado, ya que el usuario actúa para proteger su dinero y evitar un daño mayor tras la comisión de un delito.
La propuesta parte de una realidad frecuente: robos a transeúntes, viviendas, transporte público o incluso en instituciones bancarias, donde el hurto de tarjetas de crédito o débito obliga a su cancelación inmediata y posterior reposición. En ese proceso, el afectado no solo enfrenta el impacto del delito, sino también cargos adicionales por recuperar el acceso a sus recursos.
Castillo Morales subraya que, frente a conductas delictivas como la extorsión, en la que una persona es presionada o coaccionada para actuar contra su voluntad con el fin de obtener un beneficio, no debería existir un cobro extra por parte de las instituciones financieras. El plástico, apunta, es el medio que resguarda el dinero del particular que confía su patrimonio a un banco.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las comisiones de una tarjeta de crédito corresponden a cargos por diversos servicios o penalizaciones, distintos al pago de intereses. Sin embargo, en los contratos bancarios también se contemplan cobros por anualidad, disposición de efectivo o inactividad, lo que refuerza la necesidad, según el diputado, de revisar la normatividad para evitar cargas adicionales a los usuarios en situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa será turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde se analizará su viabilidad. En un contexto marcado por la inseguridad, el planteamiento abre el debate sobre si los bancos deben seguir cobrando por la reposición de tarjetas cuando el delito ya dejó a las víctimas con pérdidas económicas y una sensación de indefensión que no se resuelve en la ventanilla.
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