Ante el impacto social, educativo y de salud que representa el embarazo en adolescentes, la diputada federal del PRI, Ana Isabel González González, presentó una iniciativa para obligar al diseño y ejecución de políticas públicas específicas dirigidas a niñas y adolescentes en situación de gestación, con un enfoque de derechos humanos, equidad y protección integral.
La propuesta busca adicionar un artículo 17 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizar el acceso efectivo a educación, salud, alimentación y acompañamiento psicosocial para este sector de la población, asegurando en todo momento el interés superior de las hijas e hijos, la no discriminación, la continuidad educativa y la corresponsabilidad institucional.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y parte del reconocimiento de que el embarazo adolescente, particularmente en el grupo de 15 a 19 años, constituye una problemática compleja que afecta de manera directa el desarrollo personal, la salud, la permanencia escolar y las perspectivas de vida de miles de jóvenes en el país.
De acuerdo con datos del Inegi citados en la propuesta, en México nacen cada año alrededor de 340 mil bebés de madres menores de 19 años, lo que coloca al país entre los de mayor incidencia de embarazo adolescente en América Latina y entre los más altos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La legisladora advirtió que este fenómeno no solo impacta la salud física y emocional de las adolescentes, sino que limita su acceso a la educación y al empleo, profundiza la estigmatización social y evidencia deficiencias en la cobertura de servicios de salud y educación sexual integral.
Asimismo, señaló que la violencia sexual y las relaciones de poder desiguales influyen de manera determinante en muchos casos, donde el consentimiento se ve comprometido por factores como la coerción o la dependencia económica. A ello se suman normas culturales y estereotipos de género que normalizan o idealizan la maternidad temprana.
Con esta reforma, la diputada del PRI plantea una respuesta legislativa integral que articule acciones intersectoriales con perspectiva de género e interculturalidad, orientadas a garantizar el bienestar material, emocional, educativo y social de las niñas y adolescentes embarazadas, bajo un enfoque de equidad y derechos humanos.
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