Con el objetivo de fortalecer la transparencia y ofrecer mayor certeza en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, el diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas mediante la creación del Dictamen de Congruencia Patrimonial.
La propuesta plantea adicionar una fracción IX Bis al Artículo 3 de dicha ley, para definir este dictamen como un documento elaborado por un contador público inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria, el cual se presumirá válido salvo prueba en contrario. De acuerdo con el legislador, este instrumento permitirá determinar la congruencia entre la evolución del patrimonio del servidor público y los ingresos que declare.
Zamora Gastélum explicó que el dictamen se incorporaría al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma Digital Nacional, además de que la información contenida en él tendría carácter público. También propuso establecer la obligación para determinados servidores públicos de presentar dicho documento en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la entrega de su declaración patrimonial.
La iniciativa contempla que las investigaciones y auditorías realizadas por los órganos internos de control consideren el dictamen de congruencia y cuenten con facultades para resolver las controversias que se deriven de su análisis. Asimismo, en caso de detectarse incrementos inexplicables en el patrimonio o discrepancias entre la declaración y el dictamen, se solicitaría la aclaración correspondiente o se integraría un expediente de investigación.
El diputado priista señaló que la intención es dotar a las autoridades de una herramienta adicional para la prevención y el combate a la corrupción. “Será un documento robusto, expedido por un contador público certificado por el SAT, que contendrá un análisis contable de ingresos y gastos del declarante. Se propone que dicho dictamen sea presentado por funcionarios de elección popular y de rango medio y superior dentro de los quince días siguientes a la presentación de la declaración patrimonial”, puntualizó.
Finalmente, Mario Zamora subrayó que, aunque la ley vigente ya contempla mecanismos de control y sanciona el enriquecimiento ilícito, es necesario reforzar estos instrumentos para garantizar una mayor transparencia. “Lo anterior es congruente con el Artículo 38 de la ley, que obliga a los declarantes a proporcionar la información requerida para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus dependientes económicos”, concluyó.
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