La actualización de tarifas del Impuesto Sobre la Renta para 2026 no llegó sola. Junto con ella, el Servicio de Administración Tributaria aplicó un ajuste al alza en diversas multas fiscales, situación que encendió alertas entre el sector empresarial de Nuevo León.
Un análisis realizado por COPARMEX Nuevo León, con base en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, revela que numerosas sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación fueron actualizadas, registrando incrementos que en varios casos superan la inflación acumulada del 10%, al alcanzar aumentos de más del 13%.
Entre los ejemplos señalados destaca el artículo 80 del Código Fiscal, que en 2025 establecía multas de entre 4 mil 480 y 13 mil 430 pesos por infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Para 2026, esos montos se elevan a rangos que van de 5 mil 070 a 15 mil 200 pesos, lo que representa un incremento de 13.17%.
De acuerdo con COPARMEX Nuevo León, las multas contenidas en los artículos 80, 82, 84, 84B, D, F, H, J, L, 86, 86B, F, 88, 90, 90A y 91 del Código Fiscal fueron modificadas al alza. En contraste, las sanciones vinculadas a la no habilitación del Buzón Tributario o a la falta de registro y actualización de medios de contacto, previstas en el artículo 86-C, se mantienen sin cambios respecto a 2025, conservando rangos de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.
El análisis también advierte ajustes en las disposiciones relativas a la obligación de presentar dictamen fiscal. Conforme al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, para 2026 deberán dictaminar sus estados financieros las personas morales que hayan registrado ingresos acumulables iguales o superiores a 2 mil 013 millones 710 mil 870 pesos, así como aquellas con acciones colocadas entre el gran público inversionista. Hasta 2025, el umbral se ubicaba en un monto inferior.
Sobre este escenario, la directora de COPARMEX Nuevo León, Cecilia Carrillo López, advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran ahora más expuestas a la autoridad fiscal federal, “que viene actuando con mayor agresividad y con un claro objetivo recaudatorio para financiar sus programas. Muchas PyMEs no cuentan con áreas fiscales robustas y cualquier error administrativo puede traducirse en multas elevadas o en procesos costosos”.
Ante ello, informó que el organismo empresarial ha reforzado su servicio de orientación fiscal para acompañar a las empresas en el cumplimiento correcto y oportuno de sus obligaciones. “Ayudarlas a reducir riesgos y protegerlas frente a posibles actos discrecionales o prácticas de extorsión. La prevención y el cumplimiento son clave para la supervivencia de las PyMEs”, concluyó.
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