Las fallas recurrentes en los proyectos ferroviarios emblemáticos del país colocaron de nuevo al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y al Tren Maya en el centro del debate legislativo. Diputados y senadores del PRI solicitaron la suspensión inmediata de obras y operaciones, así como la comparecencia de funcionarios federales, ante lo que consideran riesgos evidentes para la seguridad y una cadena de omisiones técnicas, financieras y ambientales.
Rubén Moreira Valdez, Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños promovieron ante la Comisión Permanente una serie de exhortos dirigidos a dependencias clave del Gobierno federal, luego de que el descarrilamiento de la Línea Z del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, dejara un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas. A este hecho se suman cuatro descarrilamientos del Tren Maya registrados desde su inauguración.
Los legisladores señalaron que estos incidentes exhiben deficiencias graves en la planeación, supervisión y operación de los proyectos, por lo que demandaron que se hagan públicos los estudios de impacto ambiental, los proyectos ejecutivos y los análisis de costo-beneficio que los sustentan, además de detener su funcionamiento hasta que exista certeza técnica y operativa.
En su planteamiento también solicitaron la comparecencia de los titulares de Marina, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Dirección General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional y Hacienda, para que informen al Congreso sobre la viabilidad de las obras ferroviarias proyectadas hacia 2026.
El documento subraya la necesidad de realizar pruebas e inspecciones exhaustivas a las vías, la infraestructura, el material rodante y los sistemas de control, con la validación de especialistas certificados, a fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.
En el caso del Tren Maya, los priistas recordaron que Fonatur reconoció deficiencias en la gestión hídrica y afectaciones a la fauna, lo que derivó en daños ambientales y posibles violaciones a tratados nacionales e internacionales. Respecto al Tren Interoceánico, citaron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a las Cuentas Públicas de 2020 a 2023, donde se detectaron anticipos sin comprobar, pagos por obras no ejecutadas, sobreprecios y falta de control en el desarrollo del proyecto, cuyo costo pasó de una estimación inicial de tres mil millones de pesos a 20 mil millones.
Los legisladores expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y advirtieron que, mientras no exista una explicación técnica transparente ni se deslinden responsabilidades, estos proyectos continuarán representando un riesgo para la población.
“En un Estado democrático, la vida de las personas no puede ser el costo oculto de la mala planeación, la corrupción y la improvisación gubernamental”, concluyen Rubén Moreira, Carolina Viggiano y Manuel Añorve.
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