Con la intención de dar un papel activo a las comunidades en la definición de las políticas públicas, la diputada federal del PRI, Ana González González, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de fortalecer un modelo de desarrollo social con mayor participación ciudadana.
La propuesta plantea modificaciones a los artículos 4, 18 y 36 de la legislación vigente, con el objetivo de ampliar la definición de actores sociales y comunitarios y reconocerlos formalmente como sujetos del desarrollo. De acuerdo con la legisladora, esta actualización es clave para que las voces y necesidades de las comunidades sean consideradas de manera efectiva en la formulación, ejecución y evaluación de los programas sociales.
Durante la presentación de la iniciativa, González González explicó que el proyecto busca establecer mecanismos que permitan la participación real de organizaciones comunitarias en todas las etapas de las políticas de desarrollo social, lo que contribuiría a un enfoque más incluyente y representativo.
La diputada subrayó que este esquema fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas, además de permitir que las evaluaciones comunitarias se conviertan en insumos técnicos relevantes para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consolidando un modelo de colaboración entre autoridades y ciudadanía.
“La aprobación de esta iniciativa permitirá fortalecer la cohesión social mediante la reconstrucción del tejido comunitario y la restauración de la confianza en las instituciones. Esperamos que los programas sociales adquieran una mayor relevancia cultural, territorial y poblacional, lo que facilitará que las acciones se alineen de manera más precisa con las necesidades y características de cada comunidad”, señaló la legisladora.
Añadió que este enfoque también fomentará un mayor sentido de pertenencia y apropiación social, al propiciar una conexión más directa entre los beneficiarios y los programas, lo que considera fundamental para garantizar su éxito a largo plazo.
La diputada por Nuevo León anticipó que el fortalecimiento de la participación comunitaria impactará de manera positiva en la cohesión social y en la resiliencia de las comunidades, factores que calificó como esenciales para enfrentar crisis y desafíos futuros, y que permitirían consolidar un modelo de desarrollo inclusivo en el país.
González González insistió en que las comunidades no deben ser tratadas únicamente como receptoras de apoyos, sino como actores activos en la construcción de su propio bienestar, con capacidad de incidir en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida.
En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias contribuye a la democratización de la política social y a una mayor equidad territorial. “Este reconocimiento no sólo valida el esfuerzo y la voz de las comunidades, sino que también establece un marco para que influyan en las decisiones que les afectan”, afirmó.
Finalmente, la legisladora destacó que garantizar el derecho de las comunidades a participar en los procesos de toma de decisiones es indispensable para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible, al asegurar que las soluciones respondan de manera más pertinente y efectiva a la realidad social del país.
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