La Coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, fue denunciada ante la Contraloría Interna del Congreso local por presuntamente alentar a la ciudadanía a incumplir la ley, al promover el no pago del impuesto predial en el municipio de Monterrey.
La denuncia fue presentada por la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, mediante un oficio ingresado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, por posibles conductas contrarias a las obligaciones legales que rigen a las y los legisladores.
De acuerdo con Serrato Flores, la queja deriva de declaraciones públicas realizadas por Pámanes, en las que cuestiona la actualización de los valores catastrales de Monterrey y, además, promueve entre la ciudadanía el incumplimiento del pago del predial, ofreciendo formatos de amparo que, afirmó, carecen de sustento jurídico.
La legisladora priista señaló que la diputada de Movimiento Ciudadano ha difundido información que no corresponde a la realidad legal, generando confusión entre los ciudadanos. Añadió que resulta delicado que se les invite a no cumplir con una obligación fiscal bajo el argumento de una supuesta ilegalidad que, sostuvo, no existe.
Serrato Flores aclaró que la actualización de los valores catastrales en Monterrey se realizó conforme a la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León y estuvo respaldada por estudios técnicos elaborados durante 2024 por especialistas en materia inmobiliaria. Recordó además que dicho procedimiento fue aprobado por el Cabildo y avalado por el Pleno del Congreso, incluyendo el voto favorable de legisladores de Movimiento Ciudadano, entre ellos la propia Sandra Pámanes, cuando la propuesta fue presentada por el entonces alcalde emecista Luis Donaldo Colosio.
La diputada del PRI subrayó que el procedimiento no depende de decisiones partidistas, sino de un proceso técnico y legal plenamente establecido, y rechazó que deba reponerse o que el cobro del predial sea ilegal, como se ha afirmado públicamente.
Asimismo, explicó que la publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, en febrero de 2025, otorgó plena vigencia a la actualización del predial, al tratarse de una disposición que entra en vigor al día siguiente de su publicación y no de una norma de carácter anual.
Armida Serrato informó que será la Contraloría del Congreso la instancia encargada de analizar los hechos y, en su caso, determinar si existen responsabilidades conforme a la ley, mismas que podrían ser revisadas por el Pleno del Congreso.
Finalmente, indicó que las posibles sanciones, de acreditarse una falta, van desde una amonestación pública o privada hasta un eventual juicio político que podría derivar en la destitución del cargo.
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