La diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González Elías, presentó un paquete de iniciativas de reforma con el que busca fortalecer y hacer realmente efectivo el Registro de Deudores Alimentarios en Nuevo León, con el objetivo de garantizar el derecho a los alimentos y al cuidado de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora explicó que, aunque el Ejecutivo estatal ya aprobó y publicó el decreto para la creación del registro, aún es necesario reformar las leyes secundarias para que este mecanismo deje de ser solo un trámite administrativo y tenga consecuencias reales para quienes incumplen con sus obligaciones. En ese sentido, subrayó que el cuidado de niñas y niños no puede seguir siendo una responsabilidad evadida y que el registro debe convertirse en una herramienta efectiva para obligar al pago de pensiones alimenticias.
González Elías señaló que estas propuestas forman parte de su Agenda de Cuidados y responden a una realidad persistente, ya que más del 60 por ciento de los casos que atiende están relacionados con padres que incumplen con sus responsabilidades alimentarias. Desde su perspectiva, esta problemática exige acciones legislativas firmes que cierren los espacios de evasión.
Las iniciativas plantean que quienes estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios enfrenten restricciones concretas en distintos trámites y aspiraciones, de manera que el incumplimiento tenga consecuencias legales y administrativas. Para la diputada, resulta incongruente que personas que no cumplen con lo más básico pretendan acceder a espacios de poder o representación pública. “No puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Muchos buscan ser candidatos o funcionarios y no cumplen con lo más básico: dar alimentos a los hijos que procrearon”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a sus compañeras diputadas para que las iniciativas sean turnadas con carácter de urgente. Recordó que se trata de una legislatura con mayoría de mujeres y sostuvo que existe una responsabilidad ética de avanzar de manera decidida en la protección de los derechos de la infancia en el estado.
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