Jugar con fuego, aquí y afuera
Cuando el discurso se desliza sin freno, la política termina exhibiendo sus propias grietas. En días recientes, el debate sobre el crimen organizado volvió a escalar justo cuando la relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras desde Washington se insiste en que los cárteles controlan amplias zonas del país, en casa surgió una declaración que terminó por echar más leña al fuego.
La presidenta Claudia Sheinbaum y Morena han intentado marcar distancia del viejo lema de “abrazos no balazos”, pero el esfuerzo quedó opacado tras las palabras de Adriana Marín, encargada de comunicación de la bancada morenista en el Congreso de la Ciudad de México, quien en una entrevista aseguró que erradicar al crimen organizado resulta complejo porque el narco genera entre 160 mil y 185 mil empleos al año, puestos que, según dijo, el sector privado y el Estado no han sido capaces de crear. La reacción no se hizo esperar. Desde la conferencia matutina, la mandataria calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones y rechazó las cifras expuestas por la funcionaria, en un intento evidente por contener el daño.
El problema no es menor. En un contexto internacional tenso, con Donald Trump insistiendo en su narrativa contra México y los cárteles, mensajes como ese colocan al país en una posición frágil. La retórica se vuelve munición política del otro lado de la frontera y alimenta la percepción de que aquí se normaliza lo inadmisible. Se juega con fuego, y no en sentido figurado.
A la par, la agenda internacional tampoco da tregua. Mientras México se enreda en discursos internos, en Europa y Reino Unido se encendieron las alarmas por el uso irresponsable de la inteligencia artificial. Grok, el asistente de la plataforma X, desactivó la generación de imágenes para usuarios gratuitos tras la oleada de críticas por la creación de imágenes falsas sexualmente explícitas de mujeres y menores. La respuesta automática del sistema fue clara: la función quedaba reservada para suscriptores de pago. La medida llegó acompañada de acciones legales. Un organismo emitió una “orden de retención” para obligar a X a conservar documentos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026.
Las sanciones no son nuevas. A principios de diciembre, la Unión Europea multó a X con 120 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales, pese a las amenazas de Trump contra el bloque europeo. El gobierno británico también exigió una solución urgente ante la proliferación de imágenes falsas “repugnantes”, y la Comisión Europea terminó por imponer una medida cautelar tras el escándalo por contenidos que involucraban a menores.
Dos escenarios distintos, un mismo fondo: la irresponsabilidad tiene consecuencias. Aquí, las palabras dichas a la ligera tensan una relación internacional ya de por sí compleja. Allá, la falta de controles tecnológicos deriva en sanciones, vetos y presión política. En ambos casos, el mensaje es claro. Cuando se minimizan los riesgos o se normaliza lo inaceptable, el costo termina siendo mucho más alto. Y esta vez, el margen de error parece cada vez más estrecho.
