La diputada federal Mónica Sandoval Hernández presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para incorporar un Artículo 13 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer el derecho a la protección y la denuncia inmediata de delitos que atenten contra el interés superior de la niñez.
La propuesta establece que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social o de cualquier otra índole que brinde atención a menores, además de familiares por consanguinidad o afinidad, tendrán la obligación de denunciar de manera inmediata ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cualquier delito cometido en perjuicio de niñas, niños o adolescentes. La omisión de esta obligación, se plantea, deberá ser sancionada conforme a la legislación aplicable, sin excluir responsabilidades civiles o penales.
La legisladora señaló que la creación de este artículo es necesaria para dar mayor visibilidad y fuerza normativa a la responsabilidad que tienen el Estado, la sociedad, las personas adultas, las instituciones y los gobiernos de priorizar el bienestar integral de la niñez y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Sandoval Hernández sostuvo que cualquier acto u omisión que ponga en riesgo el desarrollo integral o los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, ya sea en el ámbito familiar, social o legal, constituye una violación al interés superior de la niñez y puede configurarse como delito. En ese contexto, afirmó: “Debemos reflexionar en torno a que, aunque México cuenta con un marco legal que protege los derechos de la infancia —como la vida, la salud, la educación y una vida libre de violencia— existe una gran brecha entre la ley y su aplicación efectiva”.
Explicó que esta situación se agrava porque en el país muchos delitos no se denuncian, debido al temor al agresor, la exposición pública, la estigmatización, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento de los derechos o la falta de mecanismos accesibles para reportar y solicitar ayuda.
La diputada recordó que, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), niñas, niños y adolescentes están expuestos a diversas formas de violencia en distintos contextos, como la escuela, la comunidad, instituciones de cuidado e incluso el hogar.
Añadió que en México viven más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 63 por ciento sufre agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación; seis de cada diez enfrentan violencia en sus hogares, y delitos como el abuso sexual, el feminicidio infantil y la violencia digital continúan en aumento, con un 97 por ciento de los casos en la impunidad.
Finalmente, consideró que tanto las estadísticas como las leyes permiten identificar delitos recurrentes que vulneran derechos fundamentales de la niñez, como la integridad física y mental, la vida, la salud, la educación y el acceso a un entorno seguro.
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