Ante el incremento de tomas clandestinas y la comercialización ilegal de agua potable en Nuevo León, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal del vital líquido, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.
La coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo explicó que la propuesta busca combatir de manera frontal el llamado “aguachicoleo”, así como las más de 158 mil conexiones irregulares detectadas por Agua y Drenaje de Monterrey en la zona metropolitana, prácticas que afectan el suministro, deterioran la infraestructura hidráulica y encarecen el servicio para los usuarios que sí cumplen con sus pagos.
La legisladora sostuvo que, tras la crisis hídrica de 2022, el robo de agua no puede considerarse una falta menor, ya que atenta contra la seguridad hídrica de la población. Señaló que mientras miles de familias enfrentan cortes y restricciones, existen redes clandestinas que lucran con un recurso público a través de tomas ilegales y pipas no autorizadas.
La iniciativa plantea la creación del Artículo 365 Bis 2 en el Código Penal del Estado, con el que se sancionarían conductas como la sustracción de agua de la red de distribución, la alteración de infraestructura hidráulica para obtenerla y la realización de conexiones irregulares. Las penas base irían de cuatro a ocho años de prisión.
El proyecto contempla agravantes en casos de lucro, cuando el agua robada sea destinada a la comercialización masiva, elevando las sanciones de seis a diez años de cárcel. También prevé incrementos de pena cuando exista daño a la infraestructura que abastece a centros de población, así como sanciones adicionales, destitución e inhabilitación cuando en estos actos participe un servidor público.
Montalvo Adame subrayó que las tomas ilegales no solo implican el robo del recurso, sino que provocan fugas, daños a tuberías y baja presión en colonias enteras, lo que afecta directamente a las familias y vulnera el derecho humano al acceso al agua potable.
La propuesta incluye un criterio de equidad al diferenciar entre el robo con fines de lucro y las tomas realizadas por primera vez para consumo doméstico en situaciones de necesidad extrema. En estos casos, la pena sería menor, de seis meses a un año, privilegiando la regularización y los acuerdos reparatorios.
Finalmente, la diputada hizo un llamado al Congreso del Estado a respaldar la iniciativa, al considerar que garantizar el acceso al agua es un tema de seguridad estatal y que contar con un marco legal más severo permitirá proteger un recurso cada vez más escaso y fortalecer el Estado de Derecho en Nuevo León.
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