Entre negaciones, ausencias y presupuestos en pausa
Desde Palacio Nacional se insiste en cerrar filas con la narrativa de que no existe señal alguna desde Estados Unidos sobre presuntas investigaciones a políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al asegurar que nunca ha existido una solicitud formal ni conversaciones al respecto, ni en reuniones bilaterales ni en llamadas telefónicas, rechazando de paso versiones difundidas por medios internacionales que, dijo, “nada que ver” tienen con la realidad de los encuentros sostenidos.
La mandataria sostuvo que no hay pruebas, órdenes de aprehensión ni señalamientos oficiales en curso, y deslindó a su gobierno de cualquier versión que hable de listas negras. Incluso, al referirse al retiro de visas a algunos actores políticos, puntualizó que se trata de decisiones individuales del gobierno estadounidense, ajenas a la interlocución oficial con México.
Sin embargo, mientras el discurso busca despejar sospechas en el plano internacional, la realidad interna sigue mostrando fisuras profundas. En apenas cinco meses y medio de la actual administración federal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 12 mil 649 reportes en todo el país, con Sinaloa concentrando 653 de esos casos. Cifras que contrastan con la idea de control y estabilidad, y que mantienen encendida la alarma entre colectivos y defensores de derechos humanos.
Aunque la presidenta anunció seis medidas para enfrentar la crisis de desapariciones, activistas advierten que muchas de esas acciones ya están contempladas en la Ley General vigente desde 2018 y que, más que nuevos compromisos, evidencian omisiones prolongadas. Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se ha señalado que el mensaje gubernamental resulta desalentador, no solo por su carácter tardío, sino por la falta de una estrategia de prevención y la persistente impunidad que sigue marcando a miles de familias.
En el ámbito local, Nuevo León tampoco escapa a la incertidumbre institucional. El Ejecutivo estatal remitió nuevamente observaciones al Congreso en torno al Paquete Fiscal 2026, en un intento por corregir omisiones y dar claridad al impacto de los ajustes legislativos. El gobernador reiteró que no habrá incrementos a los impuestos estatales, incluido el Impuesto Sobre Nómina, y sostuvo que el objetivo es ordenar y precisar los efectos presupuestarios para evitar confusión en la recaudación y el gasto público.
Con esta nueva remisión, el Congreso vuelve a tener sobre la mesa un presupuesto que deberá analizarse de manera integral, considerando ingresos, egresos y disciplina financiera, en medio de negociaciones que, guste o no a algunos legisladores, vuelven a marcar el pulso político del estado.
