Ante la recepción de mensajes intimidatorios relacionados con su labor informativa, el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso local exigió la activación inmediata de mecanismos de protección para la periodista Jadith Valdez Contreras, al advertir un riesgo directo para su integridad y para el ejercicio de la libertad de expresión en Nuevo León.
La diputada Claudia Caballero Chávez formalizó la petición mediante escritos dirigidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, en los que solicita la intervención urgente de las autoridades estatales y federales.
En los documentos, la legisladora subraya la necesidad de implementar acciones inmediatas de protección, investigación y prevención que permitan a la periodista continuar con su trabajo sin temor a represalias, al tiempo que plantea que Nuevo León debe garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.
“Es de carácter urgente que el Gobierno Estatal y Federal implementen medidas de protección, investigación, prevención y todas aquellas acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de Yadith Ivannia Valdez Contreras para que pueda ejercer de manera libre su labor periodística sin miedo a represalias; Nuevo León debe convertirse en un estado seguro para ejercer la libertad de expresión”, señala uno de los oficios.
Asimismo, se solicita que la periodista sea vinculada de manera inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, con el acompañamiento necesario durante el proceso de evaluación de riesgo, incorporación y seguimiento, a fin de garantizar una protección integral y efectiva.
El PAN también pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la emisión inmediata de medidas cautelares de carácter preventivo, orientadas a proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y la seguridad, además de acciones de monitoreo permanente y seguimiento ante cualquier agravamiento del riesgo.
Entre las solicitudes adicionales se incluye el acompañamiento institucional y jurídico continuo, la documentación de posibles violaciones a derechos humanos derivadas de amenazas o intimidaciones, así como la emisión de recomendaciones preventivas dirigidas a autoridades estatales y municipales.
En el caso de la Fiscalía General de Justicia, se planteó que, mientras se resuelven las medidas formales ante instancias jurisdiccionales, se valoren e implementen acciones de protección preventiva inmediatas dentro de sus atribuciones, conforme al nivel de riesgo identificado.
Con esta exigencia, la bancada panista advirtió que cualquier agresión o amenaza contra periodistas no sólo pone en peligro a quienes ejercen esta labor, sino que representa un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales y en la vida democrática del estado.
eitmedia.mx
