La diputada local Greta Barra urgió a las autoridades estatales a agilizar la puesta en marcha del Registro de Obligaciones Alimentarias, al advertir que su retraso mantiene vulnerados los derechos de niñas y niños cuyos padres incumplen con sus responsabilidades legales.
Durante una Mesa de Trabajo entre autoridades estatales y activistas del Colectivo Ley Sabina, la legisladora subrayó que, aunque se estableció un plazo de hasta 300 días para la publicación del Registro, la realidad que enfrentan las infancias y las madres autónomas exige una respuesta inmediata. “Si bien se acordó que el Registro sea publicado hasta en 300 días, con los testimonios de infancias y madres autónomas, que son víctimas consecuentes de la falta del cumplimiento de los deudores, es fácil darnos cuenta de que es urgente completar el padrón, de que sus derechos están siendo infringidos hoy”, expuso.
En el encuentro participaron también Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres de Nuevo León, y Adriana del Amor Serna, magistrada del Poder Judicial del Estado de Coahuila, quienes escucharon los planteamientos de madres autónomas e infancias, así como las necesidades técnicas y operativas de las dependencias involucradas para garantizar el adecuado funcionamiento del Registro.
Barra destacó la experiencia de Coahuila, donde este mecanismo ya opera. “En Coahuila ya existe el registro y ha funcionado, hoy nos pueden mostrar cómo funciona y que ha dado resultados efectivos, con los que se ha hecho justicia oportuna a las niñas y niños, porque no podemos seguir permitiendo que se vulneren sus derechos básicos a la alimentación, educación, diversión, vestido”, señaló.
La diputada enfatizó que se trata de un tema de justicia y de dar voz a quienes pocas veces son escuchados. “Es un tema de justicia, de abrir el espacio del Congreso para que vengan a hablar de todas estas injusticias que viven, y agradecerles la voz de las infancias, que sepan que las niñas y los niños también piensan, sienten, saben lo que está pasando y les agradecemos que estén levantando la voz, que nos estén contando cómo se sienten, cómo lo viven, porque pocas veces escuchamos su versión”, añadió.
Aclaró que en el padrón únicamente serán inscritas las personas que cuenten con una sentencia emitida mediante orden judicial, por lo que no se vulnerará la privacidad de nadie. Asimismo, recordó que la implementación del Registro contempla medidas como la suspensión de licencias de conducir, restricciones para ocupar cargos públicos, limitaciones en trámites notariales de compra-venta y advertencias al intentar contraer matrimonio.
En la Mesa de Trabajo participaron representantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, del Sistema DIF estatal, del Registro Civil, del Instituto de Control Vehicular, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León.
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