Hay niveles en México. Sí, hay niveles… y no me diga que no.
Once muertos en un campo de futbol y la respuesta oficial es que “corresponde a la autoridad estatal”. Curioso. Porque cuando hay armas largas, cuando la violencia es evidente y cuando el mensaje es brutal, normalmente la Federación aparece de inmediato, la FGR atrae el caso y la milicia toma control. Pero esta vez no. Esta vez no tocó.
Quizá porque había asuntos más urgentes. Como escribirle al mandatario coreano para pedirle el favor de traer a los BTS, más tiempo porque las Army andan que no creen en nadie y aguas porque este grupo, pudiera resultar más peligroso de lo que uno pudiera creer. Claro son puras jóvenes con grandes ilusiones y gustosas del K-Pop. Prioridades, pues.
Sin embargo, la luna de miel duró poco en México. De pronto, el Gobierno federal sí decide intervenir… pero en Sinaloa. Tras el atentado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, se activa una célula especial de inteligencia. Ahora sí, cooperación federal, advertencias solemnes y la promesa de que “no habrá impunidad”. Sería el colmo que la no hubiera, dicen. Aunque ocurra en Sinaloa, donde la realidad siempre parece operar con reglas propias… o eso nos quieren hacer creer.
Y mientras tanto, en otro frente, la Fiscalía General de la República vuelve a demostrar su talento para resolver tragedias con rapidez quirúrgica: el culpable del descarrilamiento del Tren Interoceánico fue el maquinista. Andaba “hecho madre”, según la versión oficial. Caso cerrado. Honor limpio. Tranquilidad asegurada para quienes diseñaron, autorizaron, supervisaron y construyeron la obra… incluidos personajes incómodos con apellidos conocidos como el “López” y amistades de negocios.
Pero esta vez la versión no se tragó tan fácil. El PAN pidió un peritaje externo, autónomo e internacional, al advertir que el informe de la FGR ignora auditorías, alertas técnicas y fallas estructurales documentadas desde 2019. Legisladores hablaron de negligencia institucional, de proteger al poder y de cargar toda la culpa al eslabón más débil. Nada nuevo, pero cada vez más evidente.
A 30 días del descarrilamiento en el Istmo de Tehuantepec, con 14 muertos, decenas de heridos y comunidades indígenas aún esperando respuestas, tampoco hay dictamen técnico definitivo ni claridad sobre responsabilidades. El conductor sigue detenido junto con otro de bajo nivel ; los responsables de alto nivel, intactos. Los apoyos llegan a medias. La verdad, a cuentagotas.
Y así funciona el país de los niveles: hay tragedias que ameritan inteligencia federal y otras que se archivan con un chivo expiatorio; hay víctimas que merecen atención inmediata y otras que deben conformarse con discursos; hay casos que se investigan hasta el fondo y otros que se barren bajo la vía.
No es falta de capacidad. Es decisión.
