La localización de restos humanos en el municipio de El Carmen volvió a evidenciar la urgencia de que Nuevo León cuente con un plan de búsqueda efectivo que permita avanzar en la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas. Así lo señaló Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), al advertir que estos hechos no pueden seguir atendiéndose de manera aislada ni reactiva.
La organización subrayó que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso local deben priorizar la construcción de un presupuesto que responda a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente frente a la crisis de desapariciones que afecta a la entidad desde hace más de dos décadas. Nuevo León acumula más de 7 mil casos registrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que lo coloca como la segunda entidad con mayor incidencia a nivel nacional.
CADHAC insistió en que las personas deben estar al centro de las decisiones públicas y que es indispensable dotar de recursos suficientes a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Búsqueda para enfrentar esta problemática. La falta de presupuesto, advirtió, limita la capacidad de respuesta de las instituciones y prolonga el sufrimiento de las familias.
La organización consideró fundamental invertir en la localización e identificación de restos humanos, así como en el fortalecimiento técnico de los equipos de búsqueda y de los laboratorios forenses. Señaló que las pruebas científicas, incluidas las genéticas, deben operar de manera oportuna y eficaz, ya que muchas familias llevan décadas esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Tras 17 años de acompañamiento a la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas, CADHAC afirmó que la mayoría de los casos son de larga data, con características complejas que requieren metodologías de búsqueda integrales y especializadas.
Finalmente, la organización reiteró que la falta de recursos compromete el esclarecimiento de los casos y la atención digna a las familias, por lo que llamó a las fuerzas políticas a superar diferencias y aprobar un presupuesto que priorice la atención a violaciones graves de derechos humanos, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado a partir de la Ley de Víctimas y la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas de Nuevo León.
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