Una iniciativa de reforma en materia de vivienda, desarrollo urbano, movilidad y uso de suelo fue presentada en el Congreso local por la diputada Marisol González Elías, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de contener el alza en los precios de la vivienda y encauzar el crecimiento de la zona metropolitana bajo criterios de planeación y acceso a servicios. La propuesta plantea ajustes a distintos marcos legales para modificar reglas de densidad, mezcla de usos, incentivos fiscales y ordenamiento territorial, con un impacto directo en la forma en que se desarrollan nuevos proyectos habitacionales en áreas estratégicas.
El planteamiento busca priorizar el desarrollo de vivienda en zonas con cercanía a fuentes de empleo, centros educativos, servicios y transporte público, con la intención de reducir la expansión hacia las periferias y los tiempos de traslado de las familias. En estas áreas se propone permitir mayor densidad habitacional y promover desarrollos con mezcla de usos, así como la incorporación de vivienda a precio accesible cuando los proyectos reciban beneficios normativos en altura o densidad.
La iniciativa también incorpora criterios para atender procesos de desplazamiento de población en zonas con alta presión inmobiliaria, mediante la exigencia de análisis de impacto social cuando exista riesgo de expulsión de residentes, con medidas orientadas a la protección de las comunidades. En paralelo, se establecen lineamientos para que los proyectos de gran escala consideren su impacto en la movilidad, privilegiando esquemas que reduzcan la dependencia del automóvil y fortalezcan el uso del transporte público, el desplazamiento a pie y en bicicleta.
En el plano fiscal y administrativo, la propuesta plantea ajustes a la legislación hacendaria para generar incentivos económicos y descuentos en derechos a los desarrollos que integren vivienda accesible en zonas bien conectadas, así como el fortalecimiento de las atribuciones municipales para contar con padrones de lotes baldíos y viviendas desocupadas, con el fin de mejorar la gestión del suelo urbano.
“Hoy un departamento puede costar hasta cuatro millones de pesos; es inaccesible para muchas familias y obliga a la gente a desplazarse a las periferias, afectando su calidad de vida”.
“La gentrificación ya ha desplazado a familias del centro de Monterrey y puede seguir ocurriendo si no se atiende con tiempo”.
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