Entre presupuestos atorados, generosidades selectivas y privilegios en el poder
Nuevo León podría, por fin, encaminarse a tener Presupuesto 2026. Tras meses de confrontación política, Morena abrió la puerta a destrabar el paquete fiscal, siempre y cuando se cumplan cinco exigencias: no más deuda, no nuevos impuestos, freno a los tarifazos del transporte, pensiones para personas con discapacidad y un trato equitativo a los municipios. PRI, PAN, PRD y la diputación independiente reconocieron que hay coincidencias con esos puntos, los mismos que el Congreso local aprobó desde diciembre pasado. Habrá que ver si esta inclinación de última hora se traduce en votos o si vuelve a imponerse el cálculo político.
En medio del jaloneo, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, sostuvo que el Ejecutivo estatal respetará la decisión que tome el Congreso, pero subrayó que las determinaciones deben estar orientadas al interés general de Nuevo León. El discurso institucional busca enviar una señal de responsabilidad, aunque el fondo del conflicto sigue siendo el mismo: un presupuesto convertido en instrumento de presión entre fuerzas políticas, mientras la entidad opera sin certeza financiera.
El contraste aparece a nivel federal. Mientras en los estados se discute cada peso, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el gobierno de Claudia Sheinbaum financió la impresión de más de siete millones de libros de texto para el sistema educativo cubano, con un costo superior a los 189 millones de pesos, que se suman a los más de 387 millones gastados en la administración anterior para el mismo fin. La generosidad internacional convive con un país que arrastra comunidades sin servicios básicos, escuelas con carencias y regiones completas en el abandono. Petróleo y ahora libros: recursos públicos que se exportan mientras aquí sobran pendientes.
En el terreno de la seguridad y la justicia, el mensaje tampoco es alentador. En Estados Unidos, Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, recibió una sentencia de cinco años de prisión por intentar distribuir fentanilo, pena que corre de manera concurrente con otra condena previa. Para muchos, la señal es clara: incluso figuras del crimen organizado parecen encontrar castigos reducidos y márgenes de negociación. La percepción de impunidad no solo se alimenta de lo que ocurre en México, sino también de lo que sucede del otro lado de la frontera.
Y mientras el país enfrenta crisis de violencia, presupuesto y pobreza, en el Senado de la República estalló la polémica por la existencia de un espacio habilitado como salón de belleza dentro del recinto legislativo. Aunque se defendió que no representa gasto para el Senado y que cada legislador paga su servicio. En fin. Cada día queda más claro que los que decían ser diferentes, no lo son tanto.
