Ciudad de México.- Organismos internacionales han elevado su preocupación por la violencia extrema en México, marcada por desapariciones forzadas, torturas y una crisis forense, en un contexto de abusos cometidos tanto por organizaciones del crimen organizado como por fuerzas militares en tareas de seguridad, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Denisse Montiel.
“Respecto a la grave crisis que prevalece en México, con más de 130.000 personas desaparecidas y la crisis de identificación forense, una de las principales recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos señala la falta de reconocimiento del Estado mexicano de la gravedad de la problemática”, apuntó la especialista que ha colaborado con esas instancias globales.
En México, hay más de 100.000 personas desaparecidas registradas oficialmente, un fenómeno que avanza al mismo ritmo que descienden los homicidios, según cifras gubernamentales.
Asimismo, existe una crisis de identificación forense que colapsa servicios en todo el país, afirmó la responsable del centro con 20 años en defensa de víctimas de abusos a derechos humanos.
Montiel mencionó como ejemplo que, el año pasado, cuando se anunció la activación del artículo 34 del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante “indicios bien fundados” de que las desapariciones en México se practican de forma “generalizada y sistemática”, la respuesta del Estado mexicano ha sido la “negación”.
“La respuesta del Estado ha sido la negación de dicha problemática al limitarla a que solamente son casos aislados, no una práctica común extendida en todo el territorio y, esto también se ha reflejado en el ocultamiento de las cifras de esta realidad”, sostuvo la defensora de víctimas.
“IMPUNIDAD”
La activista sostuvo que la falta de investigaciones y castigo a los culpables agrava el ciclo.
“Otro factor que alienta la comisión de este delito es la impunidad casi sistemática que prevalece en el país”, añadió.
Montiel destacó el predominio de redes delincuenciales para cometer delitos de alto impacto, como narcotráfico, extorsiones, y homicidios.
Además, advirtió que otra de las causas es la existencia de “redes de macrocriminalidad, que prevalecen sin estrategias claras para poder desmontarlas”.
“COLAPSO FORENSE”
La saturación de los servicios forenses ha desbordado a las autoridades y actualmente hay más de 72.000 cuerpos sin identificar ante métodos criminales más sofisticados, añadió.
“La crisis forense también es un problema multifactorial sin una estrategia integral ante múltiples causas que han llevado a esta crisis: por ejemplo, la falta de infraestructura adecuada, el personal no calificado, deficiencias en la coordinación interinstitucional tanto en los procesos de investigación, de búsqueda, de identificación forense”, enumeró la experta.
Montiel lamentó que la capacidad de los servicios forenses no ha aumentado.
“Hemos visto cómo ha aumentado por ejemplo la incineración de cuerpos, el desmembramiento y la segmentación, reconocido por diversas autoridades que este tipo de sofisticación ha dificultado los procesos de identificación”, describió la activista.
TORTURA
El Cepad documentó el uso sistemático de tortura como método policial contra el crimen organizado.
Montiel dijo que el uso “sistemático” de la tortura como método de investigación que prevalece a la fecha, sin fortalecimiento de las fiscalías.
“En muchos casos, la actuación de las fiscalías es sumamente deficiente y plagadas de pruebas alteradas, falsificadas, obtenidas mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como la tortura”, denunció.
Las fiscalías también adolecen de capacidades profesionalizadas y falta de recursos.
En la persecución judicial, falta personal para investigar de manera “profesional, exhaustiva, e independiente”, añadió.
“La falta de autonomía de las fiscalías para que puedan ejercer sus funciones de manera adecuada y libres de indebidas influencias ha sido una de las principales críticas”, señaló Montiel
La “política punitiva” acelera los abusos ante la situación de violencia generalizada que obliga a las autoridades a brindar resultados, indicó.
Como ejemplo, mencionó que la Encuesta Nacional de Población Prohibida de la Libertad evidencia que un gran porcentaje de las personas que son detenidas en México son inocentes y terminan declarándose culpables de un delito que no cometieron luego de haber sido sometidas a torturas. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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