En el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, el diputado federal Jaime López Vela (Morena) informó que en la actual Legislatura se promueven reformas para reconocer de manera explícita en la Carta Magna los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+, así como la derogación del delito de “riesgo de contagio” del Código Penal Federal, figura que ha sido señalada por criminalizar a personas que viven con VIH.
Acompañado de representantes de la diversidad sexual de Michoacán y Quintana Roo, el legislador celebró que el Congreso de Colima aprobara un exhorto a la Cámara de Diputados para eliminar dicho delito. Señaló que la Comisión de Justicia ya emitió un dictamen favorable y que existe respaldo de la Secretaría de Salud, por lo que confió en que el tema sea llevado pronto al Pleno para su votación.
López Vela subrayó que la derogación no implica impunidad para conductas dolosas. Aclaró que los actos cometidos con intención de causar daño ya están tipificados en la ley penal. “Lo que se busca es dejar de criminalizar a quienes viven con VIH. Combatir la pandemia requiere políticas de salud pública y no estigmatización desde el sistema de justicia”, apuntó.
El diputado también anunció un punto de acuerdo para exhortar a las entidades federativas —con excepción de Michoacán— a instituir, en el marco del 17 de mayo, un premio con estímulo económico para activistas que defienden los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. La intención es respaldar el trabajo de quienes, desde la sociedad civil, enfrentan la discriminación cotidiana y documentan violaciones a derechos humanos en distintas regiones del país.
En materia de procuración de justicia, destacó la entrada en vigor del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra Personas de la Diversidad Sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y adelantó que impulsará un exhorto para que todas las fiscalías estatales adopten este instrumento, con el fin de combatir la impunidad en agresiones y homicidios por prejuicio.
Otro de los anuncios relevantes fue la próxima presentación de la Ley General Trans, prevista para el 18 de febrero, cuyo primer objetivo es lograr el reconocimiento constitucional del derecho a la identidad de género, una deuda histórica con una de las poblaciones más vulneradas dentro de la diversidad sexual.
Desde el ámbito local, representantes de Michoacán y Quintana Roo expusieron avances en políticas públicas de inclusión. En Michoacán, se consolidó un premio estatal al activismo por la diversidad sexual, que ha crecido en categorías, participación y estímulos económicos, además de impulsar unidades especializadas de atención en procuración de justicia y herramientas para facilitar la denuncia. En Quintana Roo, se destacó la creación de direcciones de atención a la diversidad en los municipios, la gratuidad en trámites de cambio de identidad de género y el impulso de una autoridad estatal especializada en la materia.
Las voces de activistas y autoridades coincidieron en que el reto central sigue siendo pasar del discurso a los presupuestos, protocolos y estructuras permanentes que garanticen atención digna, acceso a la justicia y el pleno ejercicio de derechos para las poblaciones LGBTTTIQ+ en todo el país.
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