La diputada federal del PRI, Ana González González, junto con su homóloga Mónica Sandoval Hernández, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de frenar la emisión de productos financieros sin consentimiento del usuario, garantizar mecanismos de cancelación accesibles y sancionar prácticas que afecten de manera indebida el historial crediticio de las personas.
La legisladora priista subrayó que la propuesta busca fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero mediante una arquitectura normativa que refuerce la supervisión cruzada entre las autoridades reguladoras y garantice una defensa efectiva de los derechos de las y los consumidores, en concordancia con los marcos legales nacionales e internacionales.
Ana González señaló que es indispensable garantizar el derecho humano de acceso a los servicios financieros sin que ello implique la vulneración de otros derechos, por lo que la iniciativa plantea armonizar la actuación del Banco de México, la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Profeco, especialmente en materia de regulación de comisiones y mecanismos de disposición de recursos.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destacan la obligación del Banco de México de emitir disposiciones generales para limitar o, en su caso, prohibir comisiones que distorsionen las prácticas de intermediación o resten transparencia al cobro de servicios financieros; así como la prohibición expresa de la contratación automática, tácita o por defecto de productos adicionales, exigiendo siempre el consentimiento previo, informado y verificable del usuario.
Asimismo, se plantea que las instituciones financieras registren ante el Banco de México, con al menos 30 días de anticipación, las comisiones que pretendan cobrar; que se prohíba el cobro por servicios no solicitados o derivados de prácticas abusivas; y que el incumplimiento sea sancionado conforme a la legislación vigente.
Otro de los ejes de la propuesta es garantizar que los usuarios puedan cancelar de manera inmediata, gratuita y sin condicionamientos tarjetas de crédito, débito y otros productos financieros, salvo las obligaciones contractuales vigentes, obligando a las instituciones a entregar un acuse de cancelación y abstenerse de realizar cargos posteriores.
Las diputadas del PRI también destacaron la necesidad de que los créditos revolventes asociados a tarjetas, así como los créditos personales de liquidez sin garantía real, queden documentados por escrito en formularios oficiales, con el fin de brindar mayor certeza jurídica a los usuarios.
De acuerdo con cifras de la Condusef, en 2024 las principales causas de reclamación estuvieron relacionadas con consumos no reconocidos, con 12.3 por ciento de los casos, mientras que las tarjetas de crédito y débito concentraron el 55.5 por ciento de las quejas, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor financiero.
Ana González afirmó que las prácticas abusivas en el sector financiero no sólo vulneran la ética comercial, sino que atentan contra los derechos fundamentales de los consumidores, quienes deben contar con información clara, veraz y con la libertad de decidir sobre los productos y servicios que contratan.
La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo a los artículos 4 Bis y 6; un segundo párrafo al artículo 10; y los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 18 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de comisiones indebidas, consentimiento expreso y cancelación de productos financieros.
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