Ante el clima de violencia e impunidad que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, Movimiento Ciudadano presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Periodistas y Defensoras en el Estado, con el objetivo de establecer un sistema integral de prevención, protección e investigación especializada.
Durante la presentación de la propuesta, el senador de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas, acompañado por diputados locales y federales, explicó que la iniciativa busca garantizar mecanismos efectivos para salvaguardar la vida y el ejercicio profesional de quienes, por la naturaleza de su trabajo, se encuentran en situación de riesgo.
Señaló que la intención es que cualquier persona que enfrente amenazas, intimidaciones o agresiones relacionadas con su labor pueda acceder de manera inmediata a esquemas de protección, sin trámites engorrosos ni criterios discrecionales que retrasen la atención en momentos críticos.
Por su parte, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, detalló que la propuesta contempla la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras, la cual tendría facultades para ordenar medidas de protección física y tecnológica, activar protocolos de atención urgente y brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas.
La iniciativa, integrada por 63 artículos, plantea un marco legal específico para evitar que comunicadores y activistas sean objeto de persecución, censura o represalias, ya sea por motivos políticos, judiciales o de otra índole, derivadas del ejercicio de su derecho a informar, denunciar o expresar libremente sus opiniones.
Movimiento Ciudadano llamó al resto de las fuerzas políticas a respaldar la propuesta, al considerar que la protección de las voces críticas y del trabajo periodístico no debe ser un tema de partidos, sino una responsabilidad institucional para fortalecer la democracia y el estado de derecho en Nuevo León.
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