La cultura dejó de ser tratada como un asunto accesorio en la agenda legislativa. En el Congreso local se presentó una iniciativa para expedir la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Nuevo León, con el objetivo de garantizar el acceso a la vida cultural desde una perspectiva de derechos humanos y colocar este tema como política pública de primer orden.
La propuesta plantea derribar barreras de acceso, fortalecer la inclusión, proteger el patrimonio cultural inmaterial y ordenar la política cultural del estado, en un contexto donde la oferta cultural suele concentrarse en ciertos sectores y regiones. Entre los ejes que se buscan impulsar se encuentran el acceso equitativo a bienes y servicios culturales, el reconocimiento y fortalecimiento de los espacios independientes, así como el impulso a la economía creativa y a las industrias culturales, con la premisa de garantizar una retribución justa para creadoras y creadores.
El proyecto también contempla establecer un marco claro para el mecenazgo cultural, con reglas de transparencia, además de la creación de un Sistema Estatal de Cultura que articule esfuerzos entre instituciones, creadores, comunidades y sociedad civil. La intención es pasar de acciones dispersas a una política cultural con rumbo, objetivos medibles y coordinación interinstitucional.
Durante su intervención en el Pleno, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, subrayó que la cultura no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental que fortalece la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico y humano de Nuevo León. En ese sentido, destacó que la iniciativa establece por primera vez en la entidad un marco integral en materia de derechos culturales, alineado con la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, sin sustituir ni invadir otras leyes vigentes.
La iniciativa fue presentada como un paso hacia un marco normativo moderno, incluyente y con visión de futuro, con el que se busca garantizar el acceso efectivo a la vida cultural para todas y todos los habitantes del estado, y sentar las bases para que la cultura deje de depender de ocurrencias sexenales y se convierta en una política pública con continuidad.
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