El Pleno del Senado aprobó una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años al dar luz verde a los cambios al artículo 123 constitucional que reducirán de manera gradual la jornada laboral en México. La modificación fue avalada con 121 votos en lo general y con 103 a favor y 15 en contra en lo particular, alcanzando la mayoría calificada requerida para avanzar en el proceso legislativo.
Con esta decisión, la Cámara Alta envió el dictamen a la Cámara de Diputados, donde continuará su análisis. La reforma establece que la jornada laboral se reducirá de forma paulatina hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030, además de reforzar el derecho al descanso con goce de salario íntegro por lo menos un día después de seis jornadas de trabajo.
El proyecto constitucional fija un esquema gradual para la disminución de horas, de tal forma que la jornada semanal pasará por distintas etapas en los próximos años hasta alcanzar el nuevo límite. También se establecen reglas más claras para el pago de horas extraordinarias, que deberán remunerarse al doble de la jornada ordinaria y que no podrán exceder de doce horas semanales. En caso de que se rebase ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar un porcentaje mayor sobre el salario correspondiente. Asimismo, se precisó que las personas menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, lamentó que México sea uno de los países donde se trabaja más y se descansa menos, situación que, afirmó, no se traduce en mayor productividad, sino en un mayor desgaste físico, emocional y social. Sostuvo que trabajar más horas no significa trabajar mejor y defendió que la reforma busca devolver tiempo a quienes salen de casa antes del amanecer y regresan cuando ya es de noche, con el objetivo de mejorar su salud y su convivencia familiar. En ese mismo sentido, señaló que trabajar menos no implica producir menos, sino vivir mejor.
Desde la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez calificó la reforma como un paso más en la consolidación del Estado Constitucional de Bienestar y como parte de la recuperación de la tradición social de la Constitución de 1917. Afirmó que corresponde al Senado ampliar y consolidar los derechos de las y los trabajadores para que la justicia sea una realidad y no una quimera, además de destacar que el dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones.
Por Morena, Óscar Cantón Zetina consideró que se trata de una reforma histórica que coloca a México en la vanguardia en materia laboral, al incorporar en la Constitución la jornada de 40 horas sin disminución salarial ni de prestaciones, además de establecer que las horas extra serán voluntarias. Desde el PAN, Marko Cortés Mendoza señaló que la medida va en la dirección correcta al alinear al país con estándares internacionales, aunque consideró que se trata de un acto de justicia a medias debido a que la aplicación plena se dará hasta 2030 y a que una parte significativa de la población trabajadora se encuentra en la informalidad.
En representación del PVEM, Juanita Guerra Mena afirmó que la reforma mantiene intactos los salarios, las prestaciones y los derechos adquiridos, al tiempo que garantiza una remuneración justa por una menor carga horaria, lo que impactará positivamente en la salud física y mental de las y los trabajadores. Desde el PRI, Cristina Ruíz Sandoval cuestionó que el proyecto mida el descanso en horas y no en días, al señalar que es necesario establecer cinco días de trabajo y dos de descanso para evitar que se engañe a la población. Para el PT, Lizeth Sánchez García sostuvo que reducir la jornada laboral es reconocer al trabajador como el corazón de la riqueza social y que avanzar hacia las 40 horas significa avanzar hacia el bienestar integral de las personas.
Movimiento Ciudadano, a través de Clemente Castañeda Hoeflich, respaldó la reducción de la jornada a nivel constitucional, aunque advirtió que la propuesta no atiende por completo las demandas de las y los trabajadores, particularmente en lo referente a contar con dos días de descanso. Por su parte, el senador Erik Iván Jaimes Archundia apoyó la reforma, pero la calificó como un tema inacabado al considerar necesario brindar mayor claridad a la autoridad laboral para la resolución de posibles conflictos, así como incentivos para que las empresas adopten de inmediato la reducción de la jornada.
Durante la sesión, la asamblea rechazó diversas modificaciones presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas, con lo que el dictamen avanzó en los términos aprobados por el Pleno.
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