Con un paquete de inversión que ronda los 200 millones de pesos, el municipio de Santiago trazó su hoja de ruta de obra pública para 2026, apostando por proyectos de alto impacto social y urbano que buscan dejar capacidad instalada más allá del cierre de la actual administración.
El plan municipal prioriza dos desarrollos que el Ayuntamiento perfila como emblemas del sexenio local: un complejo integral de atención social y un nuevo polo deportivo en la zona rural, ambos concebidos como espacios de uso cotidiano para la comunidad y no como infraestructura de escaparate.
Además de estos proyectos, el programa anual contempla trabajos de drenaje sanitario y pluvial, rehabilitación de calles, apertura de nuevas vialidades y acciones de equipamiento urbano en distintos puntos del municipio, con la intención de atender rezagos históricos en colonias y comunidades que han crecido más rápido que la infraestructura.
Desde el gobierno municipal se subrayó que la selección de obras responde a demandas recogidas directamente de la población y se alinea con el plan de desarrollo local, bajo la premisa de mejorar accesibilidad, seguridad y calidad de vida. La administración reconoce que parte de la viabilidad del programa descansa en la recaudación local, particularmente del predial, que ha permitido ampliar el margen de inversión en obra pública.
Uno de los proyectos más ambiciosos será el centro de atención integral que concentrará servicios municipales y de asistencia social, con énfasis en cuidados para población vulnerable, rehabilitación física y atención a la salud mental. En paralelo, la nueva unidad deportiva en la comunidad de El Álamo busca convertirse en un punto de encuentro regional, con espacios para la práctica de distintas disciplinas y actividades recreativas.
Autoridades municipales aseguraron que la ejecución de las obras se hará con criterios de transparencia y control del gasto, y que se procurará reducir las molestias a vecinos durante los trabajos. La presentación del plan contó con la presencia de funcionarios estatales y representantes legislativos, quienes respaldaron la gestión de recursos para aterrizar los proyectos en Santiago.
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