Víctor Flores García
Ciudad de México, 14 feb (Sputnik).- El crimen organizado extiende sus operaciones con extorsiones a la agroindustria emblemática del tequila, limón y aguacate, en regiones productoras históricas del centro-norte de México, sede de la potencia agroexportadora, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el consultor en políticas gubernamentales de seguridad David Saucedo Torres.
“Los cárteles tradicionales enfocados en traficar drogas diversificaron sus ingresos, ante guerras internas y presiones de las autoridades estatales, incorporando la extorsión, secuestros y robo de combustible para financiar sus armas, sobornos y control político”, dijo el experto en el fenómeno del crimen organizado.
Con más de una década de análisis del mundo del narcotráfico y temas de seguridad nacional, Saucedo detalla cómo este fenómeno socava a las economías dinámicas del país.
“Las guerras de cárteles son costosas y las organizaciones criminales buscan actividades secundarias, pagar hombres, armas, posiciones y sobornos”, explica.
Compara esa transformación y ampliación de las actividades delincuenciales con el proceso que se presentó en Colombia, donde los cárteles de Cali y Medellín ampliaron el catálogo de sus delitos por competencia territorial.
“Esta amplificación de la actividad criminal se acelera en sectores de alta plusvalía”, como el agro en los estados centrales de Michoacán, Jalisco y Sinaloa, donde los grupos criminales imponen “impuestos de guerra”, reemplazando el control del Estado.
PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS
El pasado 5 de febrero, el alcalde Diego Rivera Navarro del pueblo de Tequila, estado de Jalisco (centro-oeste), corazón de la producción del emblemático licor mexicano de exportación, fue detenido bajo acusación de extorsionar a los agricultores, incluida la famosa Casa Tequila José Cuervo.
En ese pueblo, productor del agave o maguey para producir el famoso licor mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presiona con “impuestos de guerra” a las destilerías tequileras.
Como consecuencia, el edil detenido fue rechazado por su propio partido, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), que se deslinda de su correligionario.
“Estos grupos reaccionan de inmediato cuando hay sectores productivos que tienen ganancias altas”, afectando estados como Michoacán (centro-oeste) donde se produce el 75 por ciento el aguacate del país, y Veracruz (sureste) líder en la producción de limón.
MODUS OPERANDI
Las extorsiones varían por regiones: los delincuentes cobran cuotas fijas mensuales por tonelada exportada, denominada “derecho de piso”, lo que obliga a vender a precios inflados, describe el entrevistado.
Por ejemplo, explica que si el precio de un kilo de limón es de 20 pesos (casi un dólar), los delincuentes imponen un precio de 25 pesos, con ganancias directas para el grupo criminal.
Si alguna víctima se atreve a acudir a las autoridades, las denuncias provocan represalias letales, además del daño económico con consecuencias sin estadísticas confiables, prosigue Saucedo.
En contraste, grupos de autodefensa organizados para proteger a agricultores en estados del centro y sur del país, como Guerrero y Guanajuato, mutaron después hacia actividades criminales.
Saucedo Torres explica que, mientras tanto, otros productores se deciden a pagar las extorsiones, o terminan por pedir ayuda ilegal, aliarse con facciones rivales de los extorsionadores, para recibir protección.
RESPUESTAS EMPRESARIALES
Los productores reaccionan así en varias vertientes: organizándose, pagando cuotas o aliándose con cárteles, mientras que algunas denuncias terminan en tragedia.
Por ejemplo, el experto menciona el caso de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, estado de Michoacán, quien fue asesinado el 20 de octubre de 2025 tras denunciar las extorsiones.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó en julio de 2025 un plan nacional con la línea telefónica 089 para denuncias anónimas, persecución automática sin trámite judicial y penas homologadas.
Sin embargo, Saucedo califica esa estrategia como de una “respuesta tardía”, tras una década de omisión ante ese delito extendido.
Las organizaciones de productores exigen que, para sostener su prosperidad, las autoridades realicen un combate integral que restaure el Estado de derecho en estas zonas agroindustriales vitales para la economía nacional.
México se ha consolidado como potencia agroexportadora mundial, con aguacate, limón y tequila como pilares económicos que generan miles de millones de dólares anuales, principalmente hacia EEUU.
Durante décadas, los cárteles mexicanos se centraron en el tráfico de drogas, pero ante el auge del sector agrícola, las guerras internas por plazas, y el combate de las autoridades del Estado, comenzaron a diversificar sus delitos por ingresos.
EXPORTADORES AMENAZADOS
México domina el mercado global en los productos de exportación que son blanco de los delincuentes.
El país norteamericano destaca como líder en producción de aguacate o palta, con proyecciones de 1,3 millones de toneladas exportadas en 2025, valuadas en unos 4.000 millones de dólares, que representan un incremento de 5 por ciento anual, que cubren más del 80 por ciento de la demanda del producto en EU, según cifras oficiales.
Los estados de Michoacán y Jalisco aportan el grueso, con envíos récord para eventos, como el reciente espectáculo televisivo del Super Bowl 2026 de fútbol americano, cuando se exportaron a EU 135.000 toneladas para esa jornada.
Por otra parte, el sector limonero posiciona al país latinoamericano como segundo productor mundial, con más de 3,5 millones de toneladas exportadas en todo el ciclo 2024-2025.
El sector agroindustrial cubre más del 95 por ciento de las importaciones del cítrico a EEUU, con más de 720.000 toneladas en 2025, que es una cifra récord del país, pero representa solo un 20 por ciento de la producción total nacional.
Sólo el estado de Veracruz, en el sureste, lidera las exportaciones con casi 300 millones de dólares de limón.
Finalmente, el pueblo de Tequila, ícono productor del licor del mismo nombre en Jalisco, genera exportaciones por más de 4.000 millones de dólares anuales.
Pero el auge de esa industria contrasta con la inseguridad que agobia a sus productores, donde los delincuentes imponen cuotas, fijan precios artificiales y desalientan la inversión.
DILEMA DE INVERSIONISTAS
El sector productivo responde con resignación, paga las extorsiones o se decide por hacer alianzas riesgosas.
Saucedo pone como ejemplo a la región vitivinícola de Ensenada, Baja California (noroeste), donde una líder de la cámara de industrial, Minerva Pérez, denunció públicamente extorsiones y fue asesinada horas después, en julio del año 2024.
Otra tragedia fue el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, una voz reconocida contra extorsiones a los productores limoneros: fue ejecutado el 20 de octubre de 2025 en el pueblo de Los Tepetates.
Su cuerpo apareció en su vehículo, horas después de denunciar amenazas vía redes sociales, exigiendo a las autoridades poner fin a cuotas que obligan a cerrar oficinas y paralizar los mercados agrícolas.
Bravo fue asesinado por el grupo criminal autodenominado Los Blancos de Troya ligado al CJNG y Los Viagras, mientras reclamaba créditos, acceso al agua y precios para los productos cítricos.
Otro caso que conmovió al sector agroindustrial fue el asesinato del Carlos Alberto Manzo, conocido popularmente como líder de “Los del Sombrero”, quien era alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, desde septiembre de 2024: fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando encabezaba las fiestas tradicionales del popular Dia de Muertos junto con su familia.
Meses antes de su muerte, la víctima solicitó públicamente ayuda al Gobierno federal y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante las amenazas del crimen organizado y las extorsiones: “No quiero ser parte de la lista de ejecutados”, exclamó el entonces alcalde en sus redes sociales.
Para restaurar los círculos productivos en regiones agroindustriales, las detenciones recientes de extorsionadores a productores de limón y aguacate, o el alcalde de Tequila, acusado del mismo delito, muestran avances ante la sociedad.
Mientras tanto, las autoridades tratan de remontar una década sin trabajo suficiente en inteligencia, falta de protección a productores, ausencia de incentivos fiscales, una frágil seguridad y lentitud en la acción judicial de las fiscalías contra la impunidad. (Sputnik)
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