El Gobierno del Estado de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey consiguieron un resultado favorable en el litigio relacionado con el Proyecto Monterrey VI, al disminuir una reclamación que ascendía a 3 mil 400 millones de pesos a un monto final de 32 millones.
La controversia surgió a partir de un procedimiento de arbitraje comercial promovido por el consorcio AQUOS, que exigía el pago de 3.4 mil millones de pesos por presuntos daños y perjuicios derivados de la no concreción del Contrato de Asociación Público Privada.
La defensa jurídica fue implementada y supervisada por Javier Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, quien sostuvo que los daños reclamados eran inexistentes debido a que el contrato nunca entró en vigor por el incumplimiento de AQUOS.
Tras el análisis del caso, el fallo determinó que únicamente procedía el pago de 32 millones de pesos por daños comprobables, lo que representó una reducción sustancial frente a la cifra inicialmente reclamada.
Con esta resolución, el Estado evitó el desembolso de más de 3 mil 368 millones de pesos de recursos públicos.
Eduardo Ortegón Williamson, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, firmó el convenio que da por concluido el procedimiento arbitral, cerrando el proceso en condiciones favorables para el organismo.
El resultado fue presentado como una muestra del compromiso estatal con la protección y el uso responsable de los recursos públicos.
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