El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que si hoy el Municipio de Monterrey enfrenta obligaciones derivadas del contrato con Next Energy, el origen del problema se remonta a la administración municipal que en 2020 autorizó un acuerdo por 7 mil 370 millones de pesos para la construcción de una planta solar en Cerralvo que no se concretó.
El legislador señaló que dicho contrato comprometía el patrimonio de la ciudad por 30 años bajo un esquema que obligaba al municipio a cubrir mensualidades por un proyecto sin avances físicos verificables.
“Durante esa gestión se enviaron comunicaciones al fideicomiso reportando supuestos avances del parque solar cuando en realidad no se había movido una sola piedra. Esto no es una opinión. Son hechos documentados”, subrayó.
Colosio Riojas explicó que la Administración 2021–2024 recibió el contrato en marcha, jurídicamente blindado y acompañado de un litigio complejo que ponía en riesgo miles de millones de pesos del erario municipal. Indicó que la responsabilidad de su gobierno fue frenar la simulación de pagos por servicios no prestados y enfrentar el proceso dentro del marco legal para evitar un daño mayor.
Como resultado, detalló, se logró reducir el plazo del contrato de 30 a 10 años, renegociar condiciones que representan un ahorro superior a 4 mil millones de pesos y transformar el modelo para que Monterrey sea propietario de sus propios paneles solares.
“Lo que correspondía no era simular que no pasaba nada. Lo responsable era frenar la hemorragia de recursos públicos y revisar a fondo el esquema heredado. Eso fue lo que se hizo. Se detuvo la simulación de pagos por servicios no prestados. Se enfrentó un contrato diseñado para durar tres décadas. Se litigó dentro de la ley para evitar un mayor daño patrimonial”, aseguró el también ex alcalde regiomontano. “La diferencia es clara: antes había un parque fantasma; hoy hay infraestructura instalada y energía limpia produciéndose para edificios públicos”.
El senador consideró contradictorio que quienes aprobaron y defendieron el contrato original hoy intenten deslindarse de sus consecuencias. “La ciudadanía merece la verdad sobre por qué se autorizó un contrato de esta magnitud sin resultados tangibles y por qué hoy se intenta distorsionar lo ocurrido. Aquí no hay espacio para lavarse las manos ni para excusas”, dijo.
“La Administración 2021–2024 recibió un contrato inviable. Lo enfrentó. Lo corrigió. Protegió el patrimonio municipal y dejó infraestructura real funcionando. Esa es la diferencia entre heredar un problema y resolverlo. La gente sabe distinguir entre quienes provocan los problemas y quienes trabajan para solucionarlos”, puntualizó.
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