México avanza en el papel mientras la realidad presiona en las calles
La agenda pública mexicana volvió a mostrar esta semana el contraste permanente entre avances legislativos, alertas sanitarias y tensiones políticas que evidencian un país obligado a atender múltiples frentes al mismo tiempo.
Desde San Lázaro, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que redefine el abuso sexual y establece con claridad que el silencio, la pasividad o la falta de respuesta física no constituyen consentimiento. La modificación, impulsada por legisladoras federales y respaldada por todas las fuerzas políticas, busca cerrar vacíos legales que durante años permitieron interpretaciones ambiguas en perjuicio de las víctimas.
A nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género, el diputado Julio César Moreno Rivera sostuvo que se trata de un cambio necesario en la forma en que el Estado entiende y sanciona estas conductas. “Es una redefinición clara de lo que el Estado mexicano reconoce como abuso sexual y de cómo debe protegerse la dignidad, la libertad y la integridad de las personas. Un gran avance es la claridad”.
El legislador explicó que ahora se establece expresamente que “el abuso sexual comprende cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”, colocando el consentimiento como eje central de la norma. Bajo este principio, añadió, la inacción o el silencio de una víctima no pueden interpretarse como autorización. “Este principio no es retórico, es una protección directa contra prácticas revictimizantes”.
Mientras el Congreso presume consensos poco frecuentes, el país enfrenta una preocupación sanitaria creciente. El más reciente reporte de la Secretaría de Salud confirmó que los contagios de sarampión alcanzaron los 10 mil 085 casos, con un incremento de 235 diagnósticos en apenas 24 horas. Más del 91 por ciento de las personas contagiadas no contaban con vacunación, un dato que vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad colectiva frente a enfermedades prevenibles.
El avance del virus durante el último año ha alcanzado a las 32 entidades federativas y 362 municipios, afectando principalmente a niñas y niños de entre uno y cuatro años. Aunque no se reportaron nuevas defunciones al último corte, las muertes acumuladas ascienden a 31, y más del 96 por ciento de quienes perdieron la vida tampoco estaban vacunados.
En paralelo, otro foco de inconformidad crece desde el ámbito financiero. Las quejas por gestiones de cobranza ante la Condusef aumentaron 21.2 por ciento durante 2025, impulsadas principalmente por cobros dirigidos a personas que ni siquiera son deudoras, así como por amenazas e intimidaciones realizadas por despachos contratados por instituciones bancarias. Aunque el total de reclamaciones contra la banca comercial registró una ligera disminución anual, persisten los conflictos relacionados con consumos y transferencias electrónicas no reconocidas.
Y en el terreno político local, el debate público volvió a escalar en Nuevo León tras los señalamientos vinculados al contrato con la empresa Next Energy. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, lanzó un llamado directo al senador Luis Donaldo Colosio Riojas para revisar el tema de manera abierta y con información pública.
“Estimado @colosioriojas, Nuevo León merece claridad. Te invito al Palacio Municipal este viernes a las 12:00 pm, para explicarte y mostrarte las evidencias que supongo desconoces”, expresó el edil, al proponer un encuentro institucional que permita abordar el tema con transparencia. Posteriormente insistió: “Tengamos una reunión responsable, para poner los hechos sobre la mesa, con seriedad y de frente, pensando en nuestro deber ante los ciudadanos de Monterrey”.
Así, entre reformas que buscan justicia, brotes que exigen prevención y disputas políticas que reclaman claridad, queda claro que el verdadero desafío no es solo legislar, administrar o debatir, sino recuperar la confianza ciudadana en instituciones capaces de responder con responsabilidad a una realidad cada vez más compleja.
