Con el argumento de fortalecer la protección a personas que han sufrido agresiones físicas de alto impacto, la vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local, Bere Martínez, presentó una iniciativa para que las víctimas de lesiones graves puedan acceder a órdenes de protección, incluso cuando los hechos no se den en un contexto de violencia familiar.
La legisladora planteó reformar el artículo 98 Bis del Código Penal estatal para incorporar de manera expresa el delito de lesiones graves como supuesto que permita solicitar este tipo de medidas cautelares. Actualmente, explicó, las órdenes de protección proceden únicamente en casos de violencia familiar o de hostigamiento sexual.
La propuesta establece que la medida se otorgue únicamente a petición de la víctima y previa valoración del riesgo, con el objetivo de mantener el equilibrio procesal.
“Detrás de cada cifra existe una historia. Detrás de cada carpeta de investigación por lesiones, existe una persona que fue golpeada, herida y vulnerada en su integridad física y emocional”, expresó la legisladora al presentar la iniciativa.
Martínez sostuvo que cuando una persona resulta gravemente lesionada existe un riesgo real de reincidencia, por lo que el Estado debe actuar de manera preventiva y no solo punitiva. “No basta con castigar cuando el daño ya ocurrió. La función del derecho penal moderno también es prevenir que una agresión inicial termine en una tragedia irreversible”, subrayó.
Al exponer el contexto de la reforma, indicó que en Nuevo León los delitos de lesiones dolosas muestran una tendencia al alza. En 2023 se registraron más de cinco mil 700 casos y en 2024 la cifra superó los siete mil. “Si una agresión ya produjo heridas graves, el riesgo de que vuelva a suceder es latente. Y cuando vuelve a suceder, muchas veces el desenlace es fatal”, afirmó.
La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde la diputada destacó que se busca ampliar el acceso a mecanismos de protección inmediata y reforzar el compromiso institucional con la dignidad, la integridad y la igualdad ante la ley. “No es justo que dos personas con lesiones de igual gravedad reciban un trato distinto solo por el lugar donde ocurrió la agresión. La ley debe proteger por igual la integridad y la dignidad de todas las personas”, sostuvo.
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