El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, denunció haber sido objeto de amenazas y de una campaña nacional de difamación luego de las acciones emprendidas por el Gobierno municipal contra presuntas irregularidades relacionadas con la operación de un establecimiento que carecía de permisos oficiales.
El edil sostuvo que, pese a las presiones, la administración municipal continuará actuando para hacer cumplir la ley y combatir delitos graves como la trata de personas, al advertir que no permitirá retrocesos en la defensa del Estado de Derecho.
“Yo no tengo miedo cuando veo que es un tema contra el derecho, voy a estar encima de eso hasta que no se restablezca el Estado de Derecho y voy a denunciar a quien tenga que denunciar, aún sea personajes muy poderosos de este país”, expresó.
De acuerdo con el alcalde, las amenazas comenzaron a intensificarse tras detectarse, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol, la intención de operar un mega casino en un inmueble ubicado en la zona de San Jerónimo que nunca contó con autorización municipal. Luego de confirmar la inexistencia de permisos, el Ayuntamiento procedió con la clausura del lugar.
Posteriormente, jueces federales con sede en Tamaulipas otorgaron suspensiones que buscan frenar dichas acciones, pese a tratarse —señaló— de un asunto de competencia local, situación que derivó en nuevas indagatorias ante la presunta falsificación de documentos utilizados para justificar la operación del negocio.
Amenazas, jueces y casinos: De la Garza denuncia presión de grupos de poder tras clausuras e investigaciones por presunta trata pic.twitter.com/aJHtT4yurl
— 🚨 EITMEDIA 🚨 (@eitmediaglobal) February 20, 2026
El presidente municipal afirmó que las investigaciones iniciaron a partir de una denuncia presentada por el propio Municipio, lo que permitió a la Fiscalía General de Justicia ampliar las indagatorias y detectar posibles esquemas de trata de personas con alcance internacional.
“A partir de la denuncia entiendo que la autoridad investigadora empieza ampliar sus indagatorias y dan precisamente con un tema de trata”, expuso.
Según la información preliminar mencionada por el alcalde, mujeres extranjeras habrían sido engañadas con ofertas laborales para viajar a México, ingresando al país vía Cancún, donde presuntamente se les retenían sus pasaportes bajo el argumento de tramitar visas de trabajo y posteriormente eran obligadas, mediante amenazas, a realizar actividades sexuales.
“Estamos hablando de un tema gravísimo, con efectos internacionales, que no puede ni debe tolerarse. La trata de personas es un delito que debemos erradicar. No podemos cerrar los ojos ni tener miedo de señalarlo”, subrayó.
De la Garza aseguró que detrás de estos hechos existirían grupos con relaciones en distintas instancias federales, incluidas dependencias migratorias y el Poder Judicial Federal, señalando que suspensiones otorgadas por jueces federales de Reynosa e Hidalgo han intentado frenar clausuras municipales a favor de negocios vinculados con las investigaciones.
El alcalde mencionó como uno de los presuntos operadores al empresario Sergio Gil, a quien señaló como parte de los involucrados en el caso.
Asimismo, afirmó haber recibido presiones constantes mediante campañas en redes sociales y cuestionamientos impulsados incluso en espacios nacionales, reiterando que el Gobierno de Monterrey mantendrá la coordinación con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y sancionar cualquier actividad fuera de la ley.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no guardar silencio frente a situaciones que vulneren la legalidad y la seguridad colectiva, al insistir en que el combate a la trata de personas y el respeto al Estado de Derecho deben prevalecer por encima de cualquier interés particular.
eitmedia.mx
