México despierta entre fuego y bloqueos: el precio real de la fallida política de abrazos
México vivió este fin de semana uno de los episodios más reveladores —y al mismo tiempo más alarmantes— de su historia reciente. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no sólo significó el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; expuso sin maquillaje el tamaño del poder que el crimen organizado alcanzó durante el sexenio de la llamada Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Durante años se repitió desde Palacio Nacional que la estrategia de “abrazos, no balazos” traería pacificación. La realidad terminó estallando en carreteras incendiadas, ciudades paralizadas y una reacción criminal coordinada que prácticamente tomó como rehén a buena parte del país. Más de 250 bloqueos en al menos 20 estados no son una casualidad ni un hecho aislado: son la evidencia de estructuras criminales fortalecidas, con capacidad logística, territorial y operativa propia de un poder paralelo.
Lo más incómodo para el discurso oficial es que el operativo que terminó con El Mencho no habría sido posible sin el respaldo de inteligencia de Estados Unidos. La propia Casa Blanca reconoció la cooperación y calificó la ejecución como exitosa, dejando entrever lo que muchos sospechaban desde hace años: México perdió autonomía operativa frente al crimen y necesitó apoyo externo para alcanzar a uno de los objetivos prioritarios que durante décadas sobrevivió intacto.
El mensaje es brutal. Mientras el gobierno federal insistía en minimizar la confrontación directa con los cárteles, estos expandieron su presencia hasta poder responder simultáneamente en múltiples entidades tras la caída de su líder. La violencia desatada tras el operativo no fue venganza improvisada; fue demostración de fuerza.
Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿cómo llegó el país a un punto donde la muerte de un criminal provoca una reacción nacional casi inmediata?
La respuesta apunta directamente a una política de seguridad que apostó por la contención discursiva en lugar del debilitamiento real de las organizaciones criminales. Se privilegió la narrativa política sobre la construcción institucional. Se negó sistemáticamente la magnitud del problema mientras los grupos delictivos consolidaban rutas, territorios y economías ilegales.
En contraste, estados como Nuevo León mostraron otra cara frente a la crisis. El despliegue inmediato del Operativo Muralla y el fortalecimiento permanente de Fuerza Civil evidencian que la seguridad no se improvisa cuando llega la emergencia; se construye con planeación, infraestructura y capacidad de reacción. El avance del nuevo Cuartel General en Morones Prieto refleja precisamente esa visión preventiva que hoy marca diferencia en medio de una crisis nacional.
La caída de El Mencho pasará a la historia como un golpe significativo contra el crimen organizado, pero también como el momento en que México confirmó el costo acumulado de años de permisividad política. Porque cuando un país entero arde tras la captura de un capo, el problema nunca fue sólo el criminal… sino el tiempo que se le permitió crecer.
