Con el propósito de impedir que deudores alimentarios evadan el cumplimiento de sus obligaciones mediante la venta o traspaso de bienes, diputadas del PAN en el Congreso local presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado que busca establecer mecanismos legales para proteger el derecho de niñas, niños y familias a recibir pensión alimenticia.
La propuesta, impulsada por las legisladoras Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza, plantea la adición de los párrafos segundo al séptimo del Artículo 309, con el fin de incorporar medidas que permitan dar seguimiento patrimonial a quienes incumplen resoluciones judiciales en materia alimentaria.
De aprobarse la reforma, el juez podrá ordenar al Registro Público de la Propiedad la anotación correspondiente en los folios reales de los bienes pertenecientes al deudor alimentario, instancia que deberá informar si dicha inscripción fue procedente.
Asimismo, el Registro Público verificará el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias y, en caso de que el deudor pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar o extinguir la propiedad o posesión de bienes inmuebles o cualquier derecho real, deberá notificarse al juez competente, quien determinará lo conducente, impidiendo la inscripción del acto jurídico mientras exista incumplimiento.
La iniciativa también contempla dar aviso al Colegio de Notarios para que los fedatarios del estado conozcan las restricciones aplicables y tengan la obligación de informar a la autoridad judicial cuando un deudor alimentario intente realizar operaciones patrimoniales contempladas en la legislación.
“Hemos visto cómo, en estos años, han aumentado críticamente las carpetas de investigación, ante la falta de este cumplimiento, ante la orden de un juez, en 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema, la iniciativa va a permitir dar esa certeza para que los padres que no cumplan con esta resolución de un juez que es dar esta pensión, poder bloquear por así decir, lo pongo entre comillas, alguna venta de un terreno, algún traspaso y declararse en bancarrota”.
Las promoventes explicaron que la propuesta establece un plazo de 90 días para el cumplimiento de la obligación alimentaria, tras el cual el juez deberá notificar al Registro Público de la Propiedad para activar las medidas de protección patrimonial.
“Entonces, lo que estamos haciendo aquí es poner un plazo de 90 días, el cual, si no se cumple, el juez tiene que dar conocimiento al Registro Público de la Propiedad para así poder blindar y que, al final del día, el niño, la niña, esta familia, pues reciba la pensión. Y que, obviamente, esta pensión, está, pues, este apoyo alimenticio llegue a quien lo necesita”, detalló.
Por su parte, la diputada Itzel Castillo señaló que la intención central de la reforma es fortalecer la protección de los derechos de la infancia en el estado, mediante la armonización de distintas leyes que ya reconocen la figura del deudor alimentario.
“Es reforma al Código Civil, pero ya hemos presentado diversas iniciativas en la Ley de Expedición de Licencia, en las diferentes leyes, obviamente para ser valer los derechos de nuestros niñas y niños, que en su momento un padre – lo puede decir así- un padre desobligado, no se preocupa por sus hijos”.
Añadió que el objetivo es complementar el marco legal vigente para garantizar que quienes incumplen con la pensión alimenticia enfrenten mecanismos que los obliguen a responder por el bienestar de los menores.
“Estamos que, en la Ley de Derechos de Niñas y Niños, como ya se reconoce el deudor alimentario, nosotros fuimos a las diversas leyes para poder complementar y poder proteger los derechos de nuestros niños y niñas para que aquel ciudadano moroso, pues obligarlo a que haga lo que le corresponde a hacer que es velar por el bien del menor”, concluyó.
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