La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido el trámite de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León contra el Congreso local por una presunta omisión legislativa en materia de transparencia.
En sesión del Tribunal Pleno, los ministros resolvieron el recurso de reclamación 148/2025-CA, presentado por el Poder Legislativo estatal para impugnar el acuerdo mediante el cual se admitió la controversia constitucional 265/2025.
El máximo tribunal del país concluyó que el recurso presentado por el Congreso de Nuevo León es procedente, pero infundado, por lo que confirmó el acuerdo del 19 de noviembre de 2025 que permitió dar trámite al litigio constitucional.
La controversia fue promovida por el Poder Ejecutivo estatal, a través del consejero jurídico Ulises Carlin de la Fuente, quien argumentó que el Congreso local incurrió en una omisión legislativa al no realizar, dentro del plazo establecido, las reformas necesarias para armonizar la normativa estatal con la reforma constitucional federal en materia de transparencia y simplificación orgánica publicada el 20 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la demanda, la falta de adecuación normativa impide al Ejecutivo cumplir con su obligación de promulgar y publicar las leyes correspondientes, lo que, a su juicio, afecta el equilibrio entre poderes.
El Congreso de Nuevo León, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Itzel Soledad Castillo Almanza, impugnó la admisión de la controversia al sostener que el Ejecutivo carece de interés legítimo, debido a que su participación en el proceso legislativo ocurre únicamente después de que el Congreso aprueba una ley o decreto.
Asimismo, argumentó que el Ejecutivo estatal debió agotar primero los mecanismos de control constitucional previstos en la legislación local antes de acudir a la Suprema Corte.
Sin embargo, el Pleno del máximo tribunal determinó que estos argumentos no son suficientes para desechar la demanda en esta etapa procesal.
La Corte explicó que, para rechazar una controversia constitucional desde su inicio, debe existir una causa de improcedencia manifiesta e indudable, situación que no se acreditó en este caso.
Los ministros señalaron que, de manera preliminar, la posible omisión del Congreso sí podría relacionarse con las facultades del Ejecutivo dentro del procedimiento legislativo, particularmente en lo relativo a la promulgación y publicación de leyes.
Además, la Suprema Corte consideró que el Ejecutivo planteó posibles violaciones directas a la Constitución federal, por lo que no estaba obligado a agotar previamente un medio de control constitucional local.
Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó la admisión del juicio constitucional, por lo que el proceso continuará su curso para analizar a fondo si el Congreso de Nuevo León incumplió o no con la obligación de armonizar su legislación en materia de transparencia.
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