La diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la plena inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
La propuesta plantea adicionar un tercer párrafo con las fracciones I, II, III y IV al citado artículo, a fin de establecer de manera explícita la obligación de las autoridades de garantizar accesibilidad universal y realizar ajustes razonables en distintos ámbitos.
Durante la exposición de motivos, la legisladora explicó que la accesibilidad universal es indispensable para eliminar barreras físicas, digitales y actitudinales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad.
La iniciativa propone que los espacios educativos, de salud, recreativos, culturales y comunitarios cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad, además de asegurar materiales educativos en formatos accesibles como lectura fácil, sistema braille, lengua de señas mexicana y apoyos tecnológicos.
Asimismo, plantea la implementación de adecuaciones físicas, comunicacionales y pedagógicas que permitan la participación plena de la niñez con discapacidad, evitando que cualquier servicio público excluya o limite su acceso por falta de accesibilidad.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que la discapacidad en niñas y niños no define su potencial, pero sí puede representar una barrera cuando no existen apoyos adecuados que faciliten su integración social y educativa.
Subrayó que muchas de las limitaciones que enfrentan las personas con discapacidad surgen de la falta de inclusión y de barreras en su entorno, más que de la condición en sí misma.
“La accesibilidad no es una acción discrecional, sino una obligación legal encaminada a erradicar la discriminación por motivos de discapacidad. El Estado mexicano debe garantizar igualdad sustantiva para nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.
La iniciativa busca fortalecer el marco legal para asegurar que las políticas públicas y los servicios gubernamentales garanticen condiciones de igualdad y participación plena para la niñez con discapacidad en todo el país.
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