Legisladores del Congreso local encendieron la polémica al señalar que Ulises Carlín de la Fuente estaría incurriendo en una irregularidad al desempeñar simultáneamente funciones como encargado del despacho de la Tesorería estatal y como consejero jurídico del Ejecutivo.
La presidenta del Congreso, Itzel Castillo Almanza, afirmó que detectó esta situación durante una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, aseguró, el funcionario realizaba gestiones relacionadas con controversias constitucionales del estado.
La legisladora cuestionó que, mientras su responsabilidad debería centrarse en la administración de los recursos públicos, el encargado de despacho participe en asuntos jurídicos del gobierno estatal, por lo que exigió que se enfoque en las funciones propias del cargo.
Asimismo, pidió al gobernador Samuel García Sepúlveda enviar la propuesta formal para designar a un tesorero, a fin de que el Congreso pueda evaluar y determinar si el perfil cumple con los requisitos para el puesto.
Desde la bancada del PRI también se advirtió que, de no cumplirse con el envío del nombramiento conforme a la ley, podría iniciarse un proceso de juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal.
Los legisladores señalaron que la falta de un tesorero formal en un estado como Nuevo León refleja desatención a un área clave, además de limitar las atribuciones que tendría un funcionario debidamente designado, especialmente en la etapa final de la administración.
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