En medio del debate sobre la elección de personas juzgadoras por voto ciudadano, representantes de la iniciativa privada y organismos civiles presentaron una propuesta de reforma al Poder Judicial del Estado con la intención de garantizar perfiles capacitados y procesos imparciales.
La iniciativa surge ante el nuevo modelo que prevé que jueces y magistrados sean electos a partir de 2027, por lo que plantea establecer reglas claras que combinen legitimidad democrática con criterios técnicos.
Uno de los puntos centrales es la aplicación de evaluaciones jurídico-técnicas obligatorias antes de que los aspirantes puedan aparecer en la boleta, con el objetivo de asegurar que cuenten con la preparación necesaria y evitar que la justicia dependa de popularidad o campañas.
La directora general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, Lilia Zaire Flores, explicó que también se busca cerrar la puerta al financiamiento de campañas y a la intervención de partidos políticos, además de impedir que los candidatos adelanten posturas sobre posibles resoluciones.
La propuesta incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con separación de funciones entre investigación, sanción y revisión, así como mecanismos que garanticen el debido proceso y eviten concentraciones de poder.
De acuerdo con los promoventes, la reforma se sostiene en dos ejes: asegurar perfiles técnicamente idóneos y fortalecer la disciplina judicial con autonomía, como base para generar confianza en el sistema de justicia.
Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran Coparmex, Caintra y Canaco Monterrey, entre otras, que coincidieron en que una justicia confiable es clave tanto para el Estado de derecho como para la vida cotidiana de la ciudadanía.
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