La salud mental de niñas, niños y adolescentes vuelve a colocarse en el centro del debate legislativo, ahora con una iniciativa que busca dejar atrás los vacíos legales y la atención fragmentada que persiste en el país.
La propuesta presentada por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para obligar a estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México a garantizar servicios de atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial, con acceso oportuno, gratuito y de calidad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, no se limita a ampliar servicios, sino que busca establecer un enfoque integral: derechos humanos, interés superior de la niñez, perspectiva de género, interculturalidad y atención comunitaria. En el papel, suena a una ruta completa; en la práctica, implicaría corregir años de rezago institucional.
El planteamiento modifica la fracción XVI del artículo 50 para incluir acciones que van desde la prevención hasta la rehabilitación de la salud mental. Es decir, no solo atender cuando el problema ya estalló, sino intervenir antes: detectar, acompañar y dar seguimiento.
Entre los puntos clave también se contempla la implementación de programas de prevención del suicidio, así como la detección y atención de trastornos emocionales, conductas autolesivas, violencia, acoso escolar y consumo de sustancias. Además, se propone capacitar a personal educativo, de salud y asistencia social, bajo criterios de respeto a la dignidad, confidencialidad y autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
El trasfondo no es menor. La propia legisladora advierte que, aunque la Constitución reconoce el derecho a la salud y al desarrollo integral, la ley actual carece de un desarrollo específico en materia de salud mental. El resultado: políticas públicas dispersas, desiguales y, en muchos casos, insuficientes.
En México, trastornos como el TDAH, la ansiedad y la depresión forman parte de una realidad que impacta directamente en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo futuro. Sin atención oportuna, el problema escala y se traduce en abandono escolar, aislamiento social y riesgos más graves como el suicidio.
A esto se suma un factor incómodo: la desigualdad. La falta de prevención y atención temprana golpea con mayor fuerza a quienes crecen en contextos de pobreza, violencia o marginación, donde el acceso a servicios especializados es limitado o inexistente.
La iniciativa, en ese sentido, intenta cerrar una brecha evidente. Reconoce que la infancia y la adolescencia son etapas clave en la formación de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, y que ignorar la salud mental en estos años tiene consecuencias que se arrastran toda la vida.
Sin embargo, el reto no es solo legislar. Es convertir la obligación en realidad. Porque en un país donde la atención psicológica pública suele ser escasa, tardía o inaccesible, garantizarla por ley implica algo más que buenas intenciones: requiere presupuesto, infraestructura y voluntad política.
La propuesta ya está sobre la mesa. Falta ver si, esta vez, la salud mental de niñas y niños deja de ser discurso y se convierte en prioridad real.
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