La vigilancia sobre el cumplimiento de la transparencia volvió a dejar señalados en Nuevo León. En su más reciente sesión ordinaria, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aplicó sanciones económicas y apercibimientos públicos a diversos servidores que ignoraron resoluciones previas del organismo.
Entre las medidas más severas destacan tres multas dirigidas a autoridades municipales. Fueron sancionados el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos; el responsable de las finanzas de ese mismo municipio, José Ricardo Valadéz López; y el presidente municipal de El Carmen, Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal. En todos los casos, las penalizaciones corresponden a 150 cuotas, con montos que rondan los 16 mil pesos, calculados conforme a la Unidad de Medida y Actualización de distintos ejercicios.
A la par, el Pleno optó por emitir amonestaciones públicas contra otros funcionarios por incumplir obligaciones en materia de acceso a la información. Entre ellos figuran el encargado del Instituto de Control Vehicular estatal, Ramiro Adrián Bravo García; la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez González; el edil de Abasolo, Reynaldo Javier Cantú Montes; y la titular de la Contraloría municipal de Juárez, Adriana Guadalupe Hernández Martínez.
El organismo advirtió que los involucrados cuentan con un plazo de cinco días para atender las resoluciones, de lo contrario podrían enfrentar nuevas sanciones económicas en los mismos términos.
Durante la sesión, el Pleno —encabezado por Brenda Lizeth González Lara, junto con el consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos y la encargada de despacho María Teresa Treviño Fernández— resolvió casi una treintena de asuntos relacionados con recursos de revisión y denuncias por incumplimiento en transparencia.
En el cierre de la jornada, también se avaló la actualización del padrón de personas físicas y morales que manejan recursos públicos o ejercen actos de autoridad en la entidad, correspondiente al año 2025, una herramienta clave para mantener bajo lupa el uso del dinero público.
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