La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que fija un límite claro a las jubilaciones de servidores públicos, cerrando el paso a pensiones que en algunos casos superaban los 100 mil pesos mensuales e incluso alcanzaban montos millonarios.
Con 458 votos a favor en lo general, el proyecto avanzó sin oposición, mientras que en lo particular fue avalado con 363 votos, 64 en contra y 25 abstenciones, reflejando un respaldo amplio aunque no exento de diferencias entre bancadas.
El eje central de la reforma establece que ninguna pensión podrá rebasar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, actualmente a cargo de Claudia Sheinbaum, lo que equivale a un tope cercano a los 67 mil pesos mensuales.
La modificación al artículo 127 constitucional también obliga a dependencias federales, estatales y municipales a revisar y ajustar sus esquemas de retiro, contratos y condiciones laborales para alinearlos a este nuevo límite, incluso en casos ya vigentes que no estén contemplados dentro de las excepciones.
Quedan fuera de esta restricción las Fuerzas Armadas, así como los sistemas de retiro basados en cuentas individuales, aportaciones sindicales y pensiones no contributivas.
El dictamen fue turnado a los congresos estatales, donde al menos 17 legislaturas deberán aprobarlo para que pueda entrar en vigor y posteriormente ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Además, se establece un plazo de 90 días para armonizar la legislación en todo el país, sin que esto implique ampliaciones presupuestales, lo que obligará a las instituciones a ajustar sus finanzas con los recursos ya asignados.
Con esta medida, el Congreso busca responder a una de las principales críticas sobre el gasto público: las pensiones elevadas de exfuncionarios, al tiempo que intenta equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad financiera del Estado.
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