Un Juez Federal otorgó una suspensión condicionada por 18 meses al proceso legal en contra de la ahora ex secretaria de Desarrollo humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón y dos acusados más, quienes están en prisión preventiva desde el pasado 1 de marzo acusados por el senador de Morena, Waldo Fernández, por el delito de extorsión y falsedad de declaraciones.
De esta manera, los tres recuperan su libertad durante el transcurso del jueves, tras el papeleo de rigor. En la audiencia celebrado este jueves llegaron a un acuerdo en cinco puntos, en donde los tres firmaron cartas en las que ofrecen disculpas al político y a su familia, tras de que lo habían acusado de abuso sexual durante las campañas del 2024 en que Barrón perales también contendió por la senaduría contra Fernández.
El Juez accedió al acuerdo que incluye el pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño que se hará en pagos mensuales de 179 mil pesos, a partir del 30 de marzo próximo, dinero que, según el legislador, se donará a causas de beneficencia. El acuerdo incluye que la ex funcionaria no tenga contacto con el senador y los participantes en el caso, no hablar públicamente ni con medios informativos, además de tener una residencia fija.
Asimismo, deberán abstenerse de participar en cargos públicos y tendrán que encabezar una campaña de conciencia en contra de denuncias falsas. Además de Barrón Perales, los otros dos acusados son Deborah Velazco y el abogado Gustavo García, y todos, deberán realizar 30 horas de trabajo social y publicar 5 spots donde hagan campaña en contra de las denuncias falsas. Se fijó como fecha de audiencia para la revisión del cumplimiento del acuerdo reparatorio el 13 de octubre de 2027 a las 10:00 horas, en tanto el Juez, recomendó a la Fiscalía de Nuevo León trabajar en un protocolo de prevención para la recepción de denuncias falsas.
En la próxima audiencia, de no existir alguna razón en contra, se otorgaría el perdón y se cerraría el caso, pero, se advirtió que, de incumplirse el trato se revocará la suspensión y se reiniciará el juicio. El 2 de marzo pasado la entonces funcionaria de Monterrey fue imputada por delitos de extorsión y falsedad de declaración en perjuicio del Senador Waldo Fernández.
Waldo Fernández revienta la guerra sucia: acusa montaje y asegura que su caso marcará un antes y un después
Asimismo, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró que el proceso legal derivado de la acusación en su contra no solo desmontó lo que calificó como un montaje, sino que también deja un precedente en la vida pública del país al evidenciar que la llamada guerra sucia puede tener consecuencias legales.
Fernández sostuvo que el caso nunca tuvo como objetivo una revancha política, sino la defensa de su nombre y de su entorno familiar, luego de enfrentar señalamientos que, afirmó, buscaron dañarlo de manera personal y pública. En ese sentido, subrayó que su prioridad fue proteger a sus hijos y restablecer la verdad frente a lo que consideró una acusación fabricada.
Durante el proceso, explicó, las personas involucradas en la denuncia optaron por un mecanismo legal que contempla la suspensión condicional del procedimiento, acompañado de medidas de reparación del daño y compromisos de no repetición, lo que incluye disculpas públicas, restricciones, medidas de control judicial y la obligación de evitar cualquier tipo de contacto o manifestación pública relacionada con el caso.
El legislador detalló que el monto fijado como reparación asciende a más de tres millones de pesos, recursos que, dijo, serán destinados a causas sociales y de beneficencia, particularmente en apoyo a mujeres y sectores vulnerables, decisión que, afirmó, responde a un compromiso familiar más allá de lo económico.
Más allá de la compensación, Fernández insistió en que el fondo del asunto radica en dejar claro que no se pueden utilizar acusaciones graves como herramienta política ni normalizar prácticas de difamación en la contienda pública. Advirtió que permitir ese tipo de conductas no solo afecta a las personas involucradas, sino que también erosiona la credibilidad de las instituciones y daña a quienes realmente son víctimas.
El senador también puso sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos institucionales, particularmente en la recepción y seguimiento de denuncias, al considerar que casos como el suyo obligan a fortalecer los protocolos y evitar que se repitan escenarios similares.
Finalmente, dejó en claro que el tema no está cerrado, al señalar que continuará buscando que se esclarezcan todas las responsabilidades en torno al caso, incluidas las actuaciones de las autoridades involucradas. Afirmó que más allá del resultado, el proceso deja una lección incómoda para la vida pública: cuando la política cruza la línea de la mentira, el daño no solo es individual, sino colectivo.
Por: David Casas-eitmedia.mx
Foto: Especial
