Ante el aumento sostenido de casos de extorsión que afectan la seguridad y economía de los ciudadanos, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Durante la entrega del proyecto en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Serrato Flores destacó que este delito se ha diversificado en modalidades como “derecho de piso”, “secuestro virtual”, extorsión telefónica y fraudes de “ganador ficticio”. Señaló que nunca antes en la historia reciente de Nuevo León líderes empresariales habían denunciado públicamente, frente al Gobernador, ser víctimas de extorsión, lo que refleja el incremento de los casos: de 601 en 2021 a 901 en 2025.
“La extorsión no solo daña el bolsillo de las personas, también genera miedo e incertidumbre. Esta ley busca devolverle tranquilidad a la ciudadanía y cerrar espacios a la delincuencia”, afirmó la legisladora priista, quien subrayó que los comercios y empresas de todos los tamaños se encuentran entre los sectores más vulnerables.
El proyecto contempla 21 artículos distribuidos en tres títulos, con la creación de una Unidad Especializada en Materia de Extorsión dentro de la Fiscalía y un Centro de Atención a Denuncias equipado con herramientas tecnológicas avanzadas. Además, se propone la implementación de una Unidad de Enlace Empresarial, auditorías tecnológicas trimestrales en los centros penitenciarios para bloquear las llamadas utilizadas en extorsiones y fortalecer la coordinación entre autoridades locales, estatales y federales.
“La mayoría de las llamadas de extorsión provienen de los penales y, aunque existen acciones a nivel estatal y federal, aún no se ha logrado inhibirlas completamente. Esta ley busca garantizar un control más efectivo en esa materia”, explicó Serrato Flores.
La diputada aseguró que la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el marco federal recientemente aprobado, ofreciendo mejores mecanismos de persecución del delito y atención a las víctimas, y señaló que Nuevo León requiere respuestas firmes y coordinadas para proteger a familias y empresas.
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