Ante el avance de la delincuencia organizada y su impacto en sectores vulnerables, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti presentó una iniciativa para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de identificar de manera anticipada a quienes podrían ser captados por grupos criminales.
La propuesta plantea modificaciones al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de obligar a autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar mecanismos que permitan detectar de forma temprana situaciones de riesgo relacionadas con actividades delictivas. El planteamiento busca que la intervención institucional no ocurra cuando el problema ya esté consumado, sino desde las primeras señales de alerta.
El proyecto establece que, una vez identificados estos casos, las autoridades deberán activar medidas integrales de protección que incluyan atención psicológica, apoyo para evitar la deserción escolar, fortalecimiento del entorno familiar y estrategias de reintegración social. Todo ello bajo el principio del interés superior de la niñez y en apego a lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.
Turnada a la comisión legislativa correspondiente, la iniciativa subraya que la niñez requiere una protección reforzada frente a contextos de violencia. En ese sentido, retoma recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, que han advertido sobre la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir la explotación infantil y su uso en actividades ilícitas.
Aunque el marco legal vigente reconoce amplios derechos para este sector, el documento advierte que la evolución de la criminalidad en México ha rebasado las herramientas actuales, obligando a fortalecer los mecanismos de prevención y atención. La falta de estadísticas oficiales específicas sobre el reclutamiento de menores agrava el panorama, ya que dificulta dimensionar con precisión el problema.
De acuerdo con estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos vinculados comúnmente con el crimen organizado, lo que sugiere posibles casos de captación por estas redes. Además, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, advierten que entre 145 mil y 250 mil menores en el país podrían encontrarse en riesgo de ser reclutados.
El planteamiento legislativo busca cerrar esa brecha, apostando por una intervención temprana que permita proteger a la infancia antes de que sea absorbida por la violencia criminal que azota distintas regiones del país.
eitmedia.mx
