En un intento por cerrar el paso a la impunidad en el transporte público y por aplicación, la diputada Maribel Martínez Ruiz impulsa una iniciativa que endurece las sanciones contra conductores que incurran en conductas de violencia sexual contra usuarios.
La propuesta plantea modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el Código Penal Federal para establecer como falta administrativa grave cualquier acto de acoso, hostigamiento, abuso o agresión sexual cometido durante el servicio. Las sanciones no serían menores: cancelación definitiva de licencias, revocación de concesiones y la inhabilitación permanente para operar en el sector, independientemente de los procesos penales que correspondan.
El proyecto también contempla medidas más estrictas cuando las víctimas sean menores de edad, al señalar que en estos casos las sanciones deberán aplicarse con el máximo rigor, privilegiando el interés superior de la niñez.
Además de castigar a los agresores, la iniciativa pone bajo la lupa a empresas y concesionarios. De aprobarse, estarán obligados a brindar auxilio inmediato a las víctimas, activar protocolos de emergencia y colaborar de manera efectiva con las autoridades. También deberán suspender de inmediato a los conductores denunciados mientras se realizan las investigaciones, así como implementar capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género.
El incumplimiento de estas disposiciones no quedaría sin consecuencias, ya que se contemplan multas, suspensiones e incluso la cancelación definitiva de permisos para operar. En el ámbito penal, la propuesta busca endurecer castigos: las penas por abuso sexual y violación podrían incrementarse hasta en una mitad cuando los delitos sean cometidos por conductores en servicio, quienes además quedarían vetados de por vida para ejercer esta actividad.
El documento, actualmente en análisis en comisiones legislativas, advierte que la violencia sexual en el transporte no solo afecta a las víctimas de manera individual, sino que limita el derecho a la movilidad segura, especialmente para las mujeres, al tiempo que profundiza desigualdades sociales.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que durante 2025 se registraron más de 61 mil delitos sexuales en el país, incluidos miles de casos de acoso, aunque especialistas advierten que existe un importante subregistro debido a la falta de denuncias.
Diversos estudios también han evidenciado la magnitud del problema en zonas urbanas. En la capital del país, más de la mitad de las mujeres han enfrentado situaciones de acoso en el transporte público, lo que ha modificado sus hábitos de traslado e incluso impulsado la creación de redes de transporte exclusivo para mujeres en busca de mayor seguridad.
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