La falta de criterios claros y homogéneos en la activación del Protocolo Alba encendió las alertas en el Congreso, donde se advirtió que las diferencias entre estados están debilitando uno de los principales mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas en el país.
Desde San Lázaro, la diputada Abigail Arredondo Ramos impulsó un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República para que, en conjunto con las 32 entidades, se establezcan reglas claras, tiempos definidos y procedimientos uniformes en la aplicación de este protocolo, con el fin de evitar retrasos que puedan poner en riesgo la vida de las víctimas.
El planteamiento surge en medio de un contexto donde los casos de desaparición de mujeres han ido en aumento, lo que, según la legisladora, hace indispensable contar con una respuesta inmediata, coordinada y con perspectiva de género, que no dependa de interpretaciones locales o decisiones discrecionales.
Actualmente, la aplicación del Protocolo Alba varía significativamente según la entidad. Mientras en algunos estados se activa de manera casi inmediata, en otros se imponen filtros previos que retrasan su implementación. Por ejemplo, hay lugares donde primero se emite una prealerta durante 24 horas antes de iniciar formalmente la búsqueda, mientras que en otros se exige una revisión preliminar mediante cámaras o recorridos.
También existen diferencias en los plazos de actuación. En algunas entidades, las fases del protocolo pueden extenderse hasta 48 o incluso 72 horas, lo que genera ventanas críticas en las que se pierde tiempo valioso para la localización de las personas desaparecidas.
A esto se suma que hay estados donde el mecanismo ni siquiera ha sido implementado o funciona de manera parcial. En algunos casos, no existen comités técnicos que lo operen, mientras que en otros se han creado esquemas alternos que sustituyen al protocolo original, lo que fragmenta aún más la estrategia nacional de búsqueda.
Más allá del discurso institucional, la advertencia es clara: sin coordinación real y sin reglas iguales para todos, el Protocolo Alba corre el riesgo de convertirse en un mecanismo ineficaz. Y en un tema donde cada minuto cuenta, las diferencias administrativas pueden marcar la distancia entre encontrar a una persona con vida o no.
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