La jueza federal Maame Ewusi de Los Ángeles fijó en 1.5 millones de dólares el monto de la multa que el cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz deberá pagar, tras haberse declarado culpable de realizar transacciones financieras con un promotor designado como lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque la defensa del intérprete de “Dámaso” solicitó reducir la sanción a 200 mil dólares argumentando dificultades económicas por la falta de conciertos y trabas migratorias, la petición fue rechazada. La justicia determinó un plazo de 14 días para efectuar el pago, consolidando un criterio donde cualquier individuo que establezca nexos comerciales con estructuras delictivas debe enfrentar consecuencias penales.
El dictamen marca la etapa final de un expediente que comenzó cuando el músico se presentó en 2018 en una serie de espectáculos organizados por la empresa Gallística Diamante. Dicha compañía pertenecía a Jesús Pérez Alvear, un operador señalado formalmente por las autoridades de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin por sus vínculos con el narcotráfico. Los documentos del caso revelan que Ortiz recibió una notificación en el aeropuerto que le advertía sobre las sanciones que pesaban sobre Pérez Alvear; no obstante, el cantante procedió con las presentaciones tras ser persuadido por su entonces representante, Ángel del Villar, de que la situación estaba en orden.
A pesar de que el marco legal estadounidense exige responsabilidades rigurosas a quienes orbitan o sostienen financieramente estas redes delictivas, analistas del sistema judicial han cuestionado con frecuencia que las autoridades concentren recursos en procesar figuras del entretenimiento en lugar de priorizar de manera absoluta la localización y captura de los líderes operativos de los cárteles. Si bien la ley sanciona con justicia la complicidad financiera indirecta, expertos señalan la necesidad de que las agencias enfoquen sus esfuerzos de inteligencia en desmantelar directamente a los altos mandos del crimen organizado y detener el flujo de narcóticos.
Para evitar una pena de prisión, Ortiz recurrió a un acuerdo de culpabilidad y colaboró activamente con el Buró Federal de Investigaciones en el juicio contra su exmánager, Ángel del Villar. Su testimonio fue considerado clave para la condena del productor, un acto que su defensa calificó como de alto riesgo personal debido a los intereses alineados de Del Villar con organizaciones criminales. Como parte de los beneficios de esta cooperación, el cantante fue sentenciado únicamente a tres años de libertad supervisada sin restricciones para salir del país, bajo la condición de no consumir sustancias ilegales.
Tras conocer el monto definitivo de la multa, el cantante de narcocorridos se dirigió a los medios de comunicación en las inmediaciones del juzgado para expresar su postura sobre el desenlace del juicio. “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, con los proyectos, con la música, que es lo más importante. Gracias a Dios tengo a mi familia, a mis papás que siempre me están apoyando, y estoy bien, estoy tranquilo”, declaró Ortiz. Previamente, el músico había pedido disculpas a sus seguidores y minimizado la polémica asegurando: “Nosotros estuvimos por allá cantando en este evento… Era imposible decir que no”.
Por: Abril Ledesma- eitmedia.mx
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